La Fiscalía General del Estado coordina en Ceuta la respuesta institucional tras el repunte migratorio
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encabeza este jueves una delegación de alto nivel en Ceuta con el objetivo de evaluar la situación jurídica y asistencial en la ciudad autónoma. La visita, motivada por el incremento en la llegada de personas migrantes registrado a finales de julio, incluye encuentros con las principales autoridades locales y la inspección directa de los recursos destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados.
La agenda oficial ha dado comienzo a las 10:00 horas con una reunión técnica en el Palacio de Justicia, donde Peramato, acompañada por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Teresa Gisbert, ha mantenido un encuentro con el equipo de fiscales del Área de Ceuta. Posteriormente, a las 11:30 horas, la delegación se ha trasladado al Palacio de la Asamblea para celebrar una reunión institucional con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.
La jornada matutina concluirá con una entrevista a las 12:30 horas con el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. Durante la tarde, los representantes del Ministerio Fiscal tienen previsto visitar un centro de acogida de menores para supervisar de primera mano las condiciones de estancia y el cumplimiento de los protocolos legales de protección, un área de especial sensibilidad tras la entrada masiva de personas los pasados días 30 y 31 de julio.
Este despliegue de la Fiscalía General coincide con las recientes medidas adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha acordado reforzar la planta judicial ceutí. Entre estas disposiciones destaca el establecimiento de un calendario de doble guardia para los magistrados y la oferta de una comisión de servicio destinada a fortalecer los juzgados que, además de los expedientes migratorios, gestionan casos críticos como los de violencia sobre la mujer.
El refuerzo judicial responde a una petición formal remitida este lunes por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En dicha comunicación, el Ejecutivo central urgía a la máxima instancia del Poder Judicial a implementar mecanismos que eviten el colapso de los tribunales locales ante la presión administrativa y judicial derivada de los recientes acontecimientos en la frontera.
La Comisión Permanente del CGPJ ha dado traslado inmediato a estas medidas, amparadas en el artículo 47 del Reglamento de Aspectos Accesorios de Actuaciones Judiciales. Según fuentes institucionales, el dispositivo de doble guardia se mantendrá vigente hasta que la situación en el partido judicial de Ceuta recupere los niveles de normalidad operativa previos al repunte migratorio de finales del pasado mes.
