El Gobierno descartó declarar el estado de excepción en Ceuta en favor de la Ley de Seguridad Nacional
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, rechazó en al menos dos ocasiones la propuesta de asesores del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) para declarar el estado de excepción en la ciudad autónoma de Ceuta. Esta medida, planteada ante la crisis migratoria iniciada el pasado mes de julio, habría permitido agilizar los procesos de expulsión de inmigrantes en situación irregular mediante un marco legal extraordinario, evitando la burocracia habitual de la Ley de Extranjería.
En su lugar, el Ejecutivo central ha optado por aplicar la figura de «situación de interés para la seguridad nacional», al amparo de la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Esta decisión, formalizada este pasado martes en el Consejo de Ministros, establece una autoridad funcional bajo el mando único del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pero no contempla medidas de restricción de libertades ni mecanismos excepcionales para la repatriación inmediata de las personas que ingresaron de forma irregular.
La propuesta del estado de excepción se fundamentaba en el artículo 24.2 de la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Dicha normativa contempla la posibilidad de expulsar a extranjeros que actúen en connivencia con los perturbadores del orden público mediante una justificación sumaria, siempre que no sean menores de edad ni solicitantes de asilo. Según informes técnicos, esta vía habría reducido a escasos días unos trámites que, bajo el procedimiento ordinario, se están demorando meses debido a la carga administrativa.
La desestimación de esta medida por parte del departamento de Bolaños evitó asimismo el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. La declaración de un estado de excepción requiere la autorización previa de la Cámara Baja por mayoría simple, una votación que se preveía compleja dada la actual fragmentación parlamentaria y las posturas de los socios de investidura. Grupos como Junts han vinculado recientemente la crisis migratoria a sus exigencias de transferencia de competencias en esta materia.
Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha advertido sobre la insuficiencia de medios para gestionar el volumen actual de expedientes. Con una cifra estimada de entre 5.000 y 10.000 inmigrantes pendientes de trámite en la ciudad, y un ritmo medio de 50 expulsiones diarias, el proceso de regularización de la situación podría prolongarse hasta finales de año. Los agentes señalan que el principal obstáculo no es operativo, sino la excesiva carga burocrática que la Ley de Seguridad Nacional no ha logrado simplificar.
La situación en Ceuta ha generado también una respuesta social y política a nivel local. Tras conocerse que el plan del Gobierno incluye el uso de centros deportivos para la acogida, se han registrado protestas ciudadanas. Por su parte, las autoridades ceutíes denuncian una falta de consenso en la designación de estos espacios y advierten del riesgo de saturación de los servicios públicos esenciales ante el inminente inicio del curso escolar.
La declaración de «situación de interés para la seguridad nacional» se mantendrá vigente, en principio, hasta el 31 de diciembre. Durante este periodo, un comité compuesto por once ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Gobierno de Ceuta coordinará las actuaciones destinadas a restablecer la normalidad en la ciudad autónoma, bajo la supervisión directa de la Presidencia del Gobierno.
