Hungría elevará la pensión mínima de 80 a 330 euros mensuales a partir de 2027
El Gobierno de Hungría, liderado por el primer ministro Péter Magyar, anunció este jueves una reforma estructural del sistema de previsión social que elevará la pensión mínima de los 80 euros actuales a 330 euros mensuales. La medida, que entrará en vigor en enero de 2027, supone la primera actualización de este indicador desde el año 2008 y beneficiará de manera directa a centenares de miles de ciudadanos.
A través de un comunicado en sus canales oficiales, el primer ministro Magyar calificó de «inaceptable» la situación financiera que atraviesa un sector vulnerable de la población mayor. Según el mandatario, el incremento busca garantizar que los beneficiarios puedan cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y suministros energéticos, eliminando la brecha de precariedad que afectaba a quienes percibían la cuantía mínima previa.
De acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Hungría (KSH), el impacto de esta política alcanzará a más de 240.000 jubilados cuyas prestaciones se sitúan actualmente por debajo del nuevo umbral propuesto. En un país de 9,7 millones de habitantes, el censo de pensionistas asciende a casi 2,3 millones de personas, de los cuales el 95 % percibe ingresos por debajo del salario medio nacional.
Contexto macroeconómico y comparativa salarial
La actualización de la cuantía mínima responde a una disparidad prolongada en la estructura de ingresos del país centroeuropeo. En la actualidad, la pensión media en Hungría se sitúa en los 660 euros mensuales, mientras que el salario medio alcanza los 1.400 euros. La congelación de la pensión mínima en 80 euros durante casi dos décadas había generado una distorsión significativa en el poder adquisitivo de los jubilados con menores aportaciones.
El anuncio se produce bajo el mandato de la formación conservadora Tisza, que asumió el poder en mayo pasado tras los comicios legislativos. Este giro político puso fin a la administración de Viktor Orbán y su partido, Fidesz, quienes gestionaron el Ejecutivo entre los años 2010 y 2026 sin alterar el suelo de las prestaciones de jubilación establecido originalmente en 2008.
Con esta decisión, el nuevo Ejecutivo busca alinear las políticas de bienestar con los indicadores económicos actuales, en un esfuerzo por reducir la desigualdad interna y fortalecer el sistema de seguridad social ante el envejecimiento demográfico de la región.
