El Juzgado de lo Penal de Ceuta acuerda la expulsión de once ciudadanos por el ataque a una patrulla militar

El Juzgado de lo Penal de Ceuta ha decretado la expulsión del territorio nacional de once ciudadanos de nacionalidad marroquí tras su implicación en el ataque perpetrado este jueves contra una patrulla del Grupo de Regulares en la zona de Benzú. La resolución judicial se produce tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y las representaciones procesales de los acusados, quienes han aceptado una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

La sentencia dictada este viernes establece que la pena privativa de libertad queda sustituida por la expulsión de España, con la prohibición expresa de regresar al territorio nacional durante un periodo de cinco años. Los once condenados reconocieron su participación en los hechos investigados, lo que permitió la resolución inmediata del procedimiento mediante una vista de conformidad, evitando así la celebración de la fase de juicio oral.

Según recogen los hechos probados en la resolución judicial, los acusados formaban parte de un grupo de personas en situación irregular asentadas en las inmediaciones de Benzú. La investigación sostiene que el grupo había preparado una acción coordinada contra los vehículos que transitaran por la zona, resultando finalmente como objetivo una patrulla militar de la Comandancia General de Ceuta. Durante la agresión, se produjo el lanzamiento de piedras contra el vehículo oficial, incidente que se saldó con cuatro militares heridos de diversa consideración.

Tras la agresión, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegaron un operativo en el área que culminó con la detención de doce personas. No obstante, la situación procesal de uno de los arrestados difiere de la del grupo principal. El duodécimo implicado ha rechazado el acuerdo planteado por la Fiscalía y ha negado su participación en el ataque, asegurando ante la autoridad judicial que se encontraba pernoctando en el momento de la intervención policial.

Ante la falta de conformidad de este último acusado, el juez ha acordado mantener su ingreso en prisión provisional mientras continúa la tramitación del procedimiento penal. El juzgado deberá fijar ahora una fecha para la celebración del juicio correspondiente donde se dirimirá su responsabilidad en los hechos. Por su parte, los otros once condenados iniciarán el proceso administrativo de expulsión de acuerdo con los términos estipulados en el fallo judicial.