Líderes gubernamentales alemanes proponen la ilegalización de la AfD en regiones del este por riesgo constitucional

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y el primer ministro del estado de Baden-Wurtemberg, Cem Özdemir, han instado a la apertura inmediata de un procedimiento judicial para ilegalizar a la formación Alternativa para Alemania (AfD) en sus bastiones orientales. La propuesta, centrada en las estructuras del partido en Turingia, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Brandeburgo, se fundamenta en lo que los proponentes califican como una «clara deriva etnonacionalista» que compromete el orden democrático del país.

En un artículo conjunto publicado en el rotativo Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ambos políticos sostienen que dentro de la AfD ha prevalecido una facción radical que atenta directamente contra los principios de la Constitución alemana. Según los autores, mientras que el ala nacionalista tradicional podría ser combatida mediante el debate político, la vertiente etnonacionalista requiere una respuesta jurídica contundente al buscar la exclusión y el trato desigual de diversos grupos de población.

La viabilidad de esta medida se apoya en los informes de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), organismo que en 2025 elevó la clasificación de la AfD a «organización extremista de derechas» a nivel federal. El informe técnico, de más de 1.000 páginas, concluye que el partido persigue objetivos contrarios a la participación equitativa en la sociedad, asignando a ciertos colectivos un estatus legal devaluado que contraviene la Ley Fundamental.

Pese a la contundencia del planteamiento, la iniciativa enfrenta obstáculos políticos significativos. La formación conservadora CDU/CSU ha expresado serias reservas sobre la eficacia de la prohibición judicial. Desde sectores del Ministerio del Interior se ha defendido prioritariamente el «cordón sanitario» como herramienta para evitar que la AfD acceda a responsabilidades de gobierno, prefiriendo el aislamiento político a la disolución de la formación en su totalidad.

El debate cobra especial relevancia ante el panorama electoral en el este de Alemania, donde la AfD lidera con holgura las encuestas de intención de voto. En particular, el estado de Sajonia tiene previstos comicios regionales para el próximo mes de septiembre, un escenario donde la formación extremista parte como favorita y donde la presión institucional para limitar su avance se ha intensificado en las últimas semanas.

De acuerdo con el marco legal alemán, la potestad para solicitar la prohibición de una fuerza política corresponde únicamente al Gobierno federal o a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento (Bundestag y Bundesrat). En última instancia, corresponde al Tribunal Constitucional Federal dictaminar de forma soberana sobre la legalidad del partido, basándose en la suficiencia de las pruebas presentadas sobre su carácter anticonstitucional.