Las comunidades del PP y los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias rechazarán la reforma de financiación autonómica
El Ministerio de Hacienda someterá este viernes a votación su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) bajo un clima de amplia oposición territorial. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, junto a los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, han confirmado que votarán en contra del borrador presentado por el Ejecutivo central, lo que obliga al Gobierno a depender del respaldo de Cataluña y Canarias para intentar tramitar el plan hacia el Consejo de Ministros.
El principal motivo de disenso esgrimido por la mayoría de las regiones es la naturaleza bilateral de las negociaciones previas. Tanto los ejecutivos del PP como las dos comunidades socialistas críticas denuncian que el borrador remitido por Hacienda semanas atrás responde a acuerdos alcanzados de forma exclusiva con ERC. Según los detractores, este procedimiento vulnera la multilateralidad necesaria para un sistema que afecta a todas las comunidades de régimen común.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, se ha reiterado que el modelo es inasumible por estar «consensuado con un solo partido político y con una sola comunidad autónoma». El Ejecutivo castellanomanchego sostiene que la propuesta actual no garantiza el principio de igualdad entre los ciudadanos del Estado. Por su parte, el Principado de Asturias ha calificado la propuesta de «injusta», señalando que incumple los acuerdos de la Declaración de Santiago de 2021 y que no otorga el peso suficiente a factores como el envejecimiento poblacional o la orografía, elementos clave en el coste de la prestación de servicios públicos.
En el ámbito de la oposición nacional, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado el rechazo en bloque de sus comunidades autónomas. Feijóo ha calificado el proyecto como un «sistema de supervivencia» diseñado para asegurar la estabilidad parlamentaria del Gobierno, más que como una reforma técnica del modelo de financiación. El dirigente popular ha criticado que el Ejecutivo pretenda repartir fondos sin contar con unos Presupuestos Generales aprobados y ha señalado que un Gobierno en la actual coyuntura política no se encuentra habilitado para imponer un sistema diseñado bajo las directrices de formaciones independentistas.
En el lado de los apoyos se sitúa la Generalitat de Cataluña. El gobierno de Salvador Illa ha defendido el modelo tras el pacto alcanzado con ERC, sosteniendo que la propuesta puede favorecer al conjunto de las comunidades y que no va dirigida contra ningún territorio. Asimismo, Canarias ha manifestado su disposición a votar a favor, siempre que se garantice el respeto a sus singularidades presupuestarias y se asegure el cumplimiento de las partidas previstas para el archipiélago.
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes resulta decisiva para determinar si el Gobierno consigue la validación política necesaria para elevar la reforma al Consejo de Ministros, en un escenario de profunda división sobre los criterios de reparto y la cohesión del sistema territorial.
