Interior evalúa posibles destituciones tras la filtración de informes policiales sobre la crisis de Ceuta
El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, analiza la aplicación de medidas disciplinarias y posibles ceses en la cúpula de la Policía Nacional tras la difusión de informes internos del Centro Nacional de Inteligencia de Fronteras (Cenif). Dichos documentos, pertenecientes a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, atribuyen a las autoridades de Marruecos la planificación del asalto masivo a Ceuta, contradiciendo la versión oficial mantenida por el Ejecutivo hasta la fecha.
La controversia surge ante la aparición de análisis policiales fechados 48 y 24 horas antes de la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma. Estos escritos no solo advertían de la inminencia de los hechos, sino que detallaban la supuesta implicación del país vecino. La publicación de estos datos ha generado un escenario de tensión en la Dirección General de la Policía, coincidiendo con la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de la frontera.
En el marco de esta crisis interna, el ministro Grande-Marlaska ha remitido una carta oficial al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiendo el esclarecimiento de los hechos. El objetivo de la misiva es determinar por qué dicha información no fue comunicada oportunamente a los responsables políticos del Ministerio y cómo se produjo la filtración de documentos que, en algunos casos, formaban parte de diligencias como policía judicial para la Audiencia Nacional.
Durante la jornada, la actividad en la Dirección General de la Policía ha sido calificada de excepcional, con reuniones de urgencia en las que han participado el comisario general de Información y los responsables de las unidades de inteligencia afectadas. El Ejecutivo había sostenido previamente que no disponía de inteligencia previa sobre el asalto y había destacado la cooperación marroquí, dos ejes argumentales que ahora se ven cuestionados por la documentación técnica de la propia Policía Nacional.
Fuentes próximas al departamento señalan que la situación de la unidad de inteligencia, que trabajaba bajo la dirección de la magistrada María Tardón, podría explicar la reserva de la información en el ámbito estrictamente judicial. Sin embargo, los informes previos de carácter administrativo y preventivo también habrían eludido el control de la cúpula del Ministerio, lo que ha reabierto el debate sobre el control interno de las fuerzas de seguridad y la coordinación de los servicios de información del Estado.
A este conflicto se suma el descontento de diversos sectores parlamentarios y la soledad del PSOE en la gestión de la crisis migratoria, en un momento de especial sensibilidad política por las manifestaciones convocadas en apoyo a la integridad territorial de Ceuta. Las próximas horas serán determinantes para conocer el alcance de las responsabilidades administrativas que el Ministerio del Interior decida aplicar sobre la estructura de mando policial.
