El Juzgado de Instrucción 13 de Valencia procesa a 38 personas al concluir la investigación del ‘caso Azud’
El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha dictado el auto de procesamiento que pone fin a la fase de instrucción de la macrocausa de presunta corrupción conocida como ‘caso Azud’. La resolución judicial alcanza a un total de 38 investigados, entre los que se encuentran destacados exdirigentes políticos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), acusados de participar en una trama de cobro de comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones públicas.
Entre los procesados de mayor relieve institucional figuran Alfonso Grau, quien fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá, y el abogado José Corbín, cuñado de la que fuera regidora valenciana. Según las diligencias judiciales, ambos habrían percibido gratificaciones económicas irregulares vinculadas a la gestión municipal y a la influencia política en diversos contratos de la administración local.
La investigación, que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años, ha analizado una compleja red de supuestas mordidas que habrían afectado tanto a la administración municipal de Valencia como a otras entidades de la Comunidad Valenciana. El auto judicial detalla indicios de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales, señalando una estructura bipartidista en la recepción de fondos ilícitos para beneficio personal o de las estructuras políticas.
Con la finalización de la fase instructora, la causa se encamina ahora hacia la apertura de juicio oral. El Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas disponen ahora de un plazo para presentar sus escritos de conclusiones provisionales, en los que deberán concretar las penas solicitadas para cada uno de los 38 procesados. Este paso administrativo supone el cierre de una de las investigaciones por corrupción más extensas de la última década en la autonomía valenciana.
El tribunal deberá ahora evaluar los recursos que puedan interponer las defensas antes de que se fije la fecha para la vista oral en la Audiencia Provincial. La resolución judicial confirma la solidez de los indicios recabados durante la instrucción sobre el desvío de fondos públicos y la manipulación de concursos institucionales para favorecer a intereses privados a cambio de compensaciones económicas.
