El Gobierno refuerza la asistencia jurídica y el sistema judicial en Ceuta con una partida de 309 millones de euros
El Ejecutivo central ha aprobado un real decreto de medidas urgentes de carácter social y económico destinado a la ciudad autónoma de Ceuta, con el objetivo de gestionar las consecuencias de las entradas irregulares registradas a finales del mes de julio. El presupuesto total asciende a 309 millones de euros, de los cuales 108 millones se han consignado específicamente a la atención de menores y a la asistencia humanitaria de las personas que permanecen en el territorio.
Dentro de la partida de atención humanitaria, el Gobierno contempla un refuerzo de la ayuda legal para los inmigrantes en situación irregular que opten por solicitar protección internacional. La normativa simplifica el acceso al derecho de justicia gratuita, estableciendo que será suficiente con la declaración expresa del interesado sobre su carencia de recursos económicos. Para agilizar el proceso, el abogado asignado podrá emitir un informe oficial que acredite dicha falta de medios, facilitando la tramitación administrativa sin demoras adicionales.
La nueva regulación garantiza asimismo la continuidad en la asistencia jurídica. El decreto establece que el profesional de la abogacía que asista al solicitante en la fase administrativa inicial podrá mantener la defensa en caso de que el proceso derive en un recurso judicial contencioso-administrativo. Con esta medida se busca evitar el cambio de letrado a mitad del procedimiento y asegurar una tutela judicial efectiva y coherente durante todo el itinerario legal del solicitante de asilo.
En paralelo a la asistencia letrada, el plan de choque incluye un fortalecimiento del sistema judicial en la ciudad autónoma para absorber el incremento de la carga de trabajo. Tras las peticiones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, se ha procedido a la incorporación de dos nuevos magistrados a los tribunales de instancia. Entre estos refuerzos destaca la magistrada Consuelo Andreo, especializada en violencia sobre la mujer, y Miguel Ángel Torres, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga.
Por último, el Ministerio de Justicia ha multiplicado la presencia de letrados de oficio en el enclave. A los cinco profesionales nombrados durante la primera semana de agosto se sumarán diez nuevos abogados, consolidando una plantilla de quince especialistas dedicados a la asistencia jurídica inmediata. Esta reestructuración de medios personales y económicos pretende, según consta en la exposición de motivos de la norma, recuperar la normalidad operativa en la administración de justicia y en los servicios de acogida de la ciudad autónoma.
