Clavijo reclama una política migratoria de Estado ante la pérdida de vidas en la ruta atlántica
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado este jueves a la implementación de una política migratoria de Estado y ha solicitado la corresponsabilidad de la Unión Europea tras confirmarse el fallecimiento de cinco personas en un cayuco localizado cerca de Gran Canaria. El mandatario autonómico ha calificado de «insoportable» la persistencia de muertes en las rutas migratorias que conectan el continente africano con el archipiélago.
El incidente, que afecta a una embarcación que habría partido desde Gambia hace 26 días, ha sido denunciado por la organización no gubernamental Caminando Fronteras, que eleva la cifra de posibles víctimas a 83 personas tras semanas a la deriva. Clavijo ha manifestado a través de sus canales oficiales que la sociedad canaria no debe «normalizar» que el Atlántico continúe operando como una ruta de elevada mortalidad para quienes intentan alcanzar las costas españolas.
En su análisis de la situación, el jefe del Ejecutivo canario vinculó los sucesos recientes en las islas con la presión migratoria que también se está registrando en Ceuta. Según Clavijo, estos episodios evidencian una realidad estructural que requiere un marco normativo y de actuación que trascienda la gestión de emergencias puntuales. «No podemos seguir gestionando la crisis migratoria crisis a crisis», señaló el presidente, enfatizando la necesidad de priorizar la dignidad y la vida de las personas.
La demanda de Clavijo se dirige tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas, a quienes reclama una asunción de responsabilidades coordinada. El presidente autonómico sostiene que la magnitud del fenómeno migratorio en la frontera sur requiere una estrategia de Estado sólida que evite la improvisación en la acogida y el rescate, garantizando una respuesta institucional acorde a la complejidad del desafío humanitario.
Esta nueva tragedia en aguas canarias vuelve a situar el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería y la distribución de menores migrantes en el centro de la agenda política nacional, en un contexto de creciente presión en los recursos de acogida de las comunidades autónomas más afectadas por las rutas del Atlántico y el Mediterráneo.
