Estados Unidos y Venezuela formalizan un acuerdo petrolero para la explotación de 65.000 millones de barriles

El Gobierno de los Estados Unidos y la administración interina de Venezuela han ratificado un acuerdo estratégico para la gestión y explotación de 17 yacimientos petrolíferos en territorio venezolano. La operación, articulada a través de la compañía North American Blue Energy Partners (Nabep), contempla la extracción de reservas estimadas en 65.000 millones de barriles durante un periodo de concesión que se extendería hasta un siglo, según los términos difundidos por la Casa Blanca.

El convenio fue suscrito por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tras la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero de 2026 que resultó en la deposición de Nicolás Maduro. Bajo el nuevo marco legal, los ingresos derivados de la actividad petrolera serán custodiados por instituciones estadounidenses para fines gubernamentales y diplomáticos, bajo la premisa de salvaguardar los activos soberanos venezolanos.

La dirección de Nabep, firma que ha incrementado su producción de 18.000 a 200.000 barriles diarios, recae en el empresario Alejandro Betancourt. El directivo, quien ha mantenido interlocución con el Departamento de Estado desde 2019, ha sido señalado como una figura determinante en el proceso de transición que situó a Delcy Rodríguez en la presidencia en funciones. A pesar de que Betancourt ha sido objeto de investigaciones por presunto blanqueo de capitales en jurisdicciones como Suiza y Estados Unidos, el empresario no cuenta con condenas en su contra y ha mantenido su inocencia de forma sostenida.

En términos operativos, el acuerdo se estructura como una colaboración público-privada en la que la Administración de los Estados Unidos posee una participación del 35% en la explotadora. El Tesoro estadounidense tiene garantizado el acceso al 20% de la producción «a coste» y mantiene un derecho de adquisición preferente sobre el 80% restante de los barriles. La gestión de los flujos de capital estará a cargo de la Oficina de Capital Estratégico (OSC), entidad dependiente del Departamento de Defensa destinada a asegurar suministros críticos.

Desde la perspectiva de la política exterior estadounidense, esta medida responde al objetivo de garantizar la independencia energética de la región y desplazar la presencia de operadoras estatales de Rusia y China. El secretario Rubio destacó que el plan implicará una inversión privada de aproximadamente 100.000 millones de dólares, mientras que la presidenta interina Rodríguez proyecta una recaudación fiscal para el Estado venezolano de 209.000 millones de dólares a lo largo del contrato.

No obstante, el pacto ha generado reacciones divergentes. En el plano técnico, diversas petroleras internacionales han manifestado cautela ante el deterioro de la infraestructura energética en Venezuela, lo que podría demorar la rentabilidad de las operaciones. En el ámbito político, representantes del Partido Demócrata han criticado la opacidad del proceso y el uso de recursos militares en actividades comerciales, mientras que figuras académicas como Paul Krugman han cuestionado la naturaleza extractiva del acuerdo. Paralelamente, sectores de la Asamblea Nacional venezolana y de la sociedad civil han expresado su rechazo a la transferencia del control de recursos naturales a una potencia extranjera.