Justicia de Bogotá ordena suspender bombardeos en zonas con presencia de menores reclutados
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ha proferido una medida provisional que ordena al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública de Colombia abstenerse de realizar ataques aéreos contra objetivos militares cuando exista información sobre la posible presencia de menores de edad reclutados o utilizados por grupos armados ilegales. La decisión judicial busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto interno.
La providencia, firmada por la jueza Viviana Arciniegas Gómez, vincula directamente a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, así como al Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial. El texto judicial estipula que las autoridades deben cesar operaciones ofensivas aéreas sobre objetivos donde se verifique de forma «cierta, objetiva o razonablemente verificable» la presencia de menores, hasta que se adopten protocolos de protección que aseguren alternativas operacionales menos lesivas.
Esta determinación responde a una acción de tutela presentada por Ower Jimmy Borda Parra, quien actuó como agente oficioso de menores reclutados. El recurso legal fue interpuesto tras los recientes operativos militares en zonas rurales de El Retorno, en el departamento de Guaviare, y en la región del Catatumbo. En estos procedimientos, el Instituto de Medicina Legal confirmó el hallazgo de cuerpos pertenecientes a menores de edad tras bombardeos ejecutados contra disidencias de las antiguas FARC.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó su rechazo a la decisión judicial, calificándola de «absurda e inconstitucional». El funcionario anunció que el Gobierno apelará el fallo, argumentando que establecer un criterio de exclusión tan amplio podría otorgar una «inmunidad territorial» a grupos dedicados al narcotráfico y al terrorismo que utilizan criminalmente a menores como escudos humanos. Según Lara, esta medida supone un incentivo para que las organizaciones ilegales intensifiquen el reclutamiento forzado.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha aportado datos técnicos que contextualizan la gravedad de la situación. De acuerdo con el reporte de la defensora Iris Marín Ortiz, entre el año 2024 y el 31 de julio de 2026 se han contabilizado 1.173 casos de reclutamiento de menores en el país. La entidad advirtió que existe un subregistro significativo, y que en muchos escenarios la situación de estos jóvenes solo se conoce tras su fallecimiento en combates o bombardeos.
La resolución judicial permanecerá vigente mientras se resuelve el fondo de la tutela y se verifican los protocolos de seguridad de la Fuerza Pública. La Defensoría ha instado al Estado a extremar las precauciones y evaluar alternativas estratégicas que permitan cumplir con los objetivos militares sin vulnerar el principio de distinción y la protección especial que el derecho internacional humanitario otorga a la infancia.
