La Guardia Civil entrega a la Audiencia Nacional el informe sobre la entrada masiva en Ceuta
La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, el informe técnico sobre la entrada irregular de miles de personas en la ciudad autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio. El documento responde al requerimiento judicial para determinar si los servicios de inteligencia y seguridad recibieron alertas previas que hubieran permitido prever el despliegue fronterizo ante la magnitud de la crisis migratoria.
La diligencia, solicitada el pasado 5 de agosto, insta al Instituto Armado a detallar el dispositivo desarrollado por los efectivos desplegados en el territorio, con especial énfasis en las operaciones de rescate en aguas territoriales españolas. Asimismo, la magistrada ha requerido datos precisos sobre las circunstancias personales de los supervivientes localizados y, en el caso de las personas fallecidas, la determinación técnica de la causa y la fecha de los decesos, según informan fuentes jurídicas vinculadas al caso.
Esta investigación se enmarca en las diligencias previas abiertas tras la denuncia de la organización Iustitia Europa contra funcionarios y autoridades por presuntos delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal y omisión del deber de perseguir delitos. La instrucción busca esclarecer si los hechos obedecieron a una acción concertada e impulsada por grupos criminales o si existió algún tipo de planificación externa coordinada.
En este contexto, la magistrada ya cuenta con un informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional. Dicho documento apunta a una presunta participación de gendarmes marroquíes en la dirección y planificación de los flujos migratorios hacia la ciudad española. No obstante, el Ejecutivo central ha mantenido una posición de cautela, señalando que no existen pruebas concluyentes que impliquen formalmente a gobiernos o servicios de inteligencia extranjeros en la autoría intelectual de los hechos.
La gestión de estos informes ha generado un episodio de tensión institucional entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. El titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, trasladó su preocupación a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, debido a que el informe del CENIF fue remitido directamente a la Audiencia Nacional sin seguir la cadena de mando habitual, alegando posibles afectaciones a la seguridad nacional. Por su parte, la presidencia del CGPJ ha defendido la actuación de la juez Tardón, reclamando el máximo respeto a la independencia judicial.
Tras la recepción de los datos aportados por la Guardia Civil, el siguiente paso procesal consiste en el traslado del expediente a la Fiscalía. El Ministerio Público deberá emitir un dictamen, de carácter no vinculante, sobre la competencia de la Audiencia Nacional en la causa. Una vez recibido este pronunciamiento, la magistrada decidirá si prosigue con la instrucción de los hechos denunciados o si el caso debe derivarse a otras instancias judiciales.
