Víctor de Aldama solicita al juez gestionar la venta de sus vehículos incautados para maximizar fondos ante posibles responsabilidades

El empresario Víctor de Aldama, principal investigado en la causa por el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, ha solicitado a la Audiencia Nacional que se le autorice a gestionar de forma personal la venta de los vehículos de alta gama que le fueron incautados. El objetivo de la petición es evitar la subasta pública a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA) para intentar obtener un rendimiento económico superior destinado a cubrir posibles responsabilidades civiles.

En un escrito remitido al magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la defensa de Aldama solicita ser designada como «depositaria» de los bienes. El investigado sostiene que los procedimientos de la ORGA, dependiente del Ministerio de Justicia, supondrían una pérdida de valor respecto a los precios de mercado actuales, lo que limitaría la capacidad de generar fondos para afrontar las contingencias pecuniarias del procedimiento judicial.

Valoración de activos y mercado de coleccionismo

La defensa de Aldama argumenta que el valor atribuido por la ORGA en sus informes preliminares es «sensiblemente inferior al valor de mercado real». En particular, el escrito hace referencia a modelos específicos entre los que se encuentran unidades de las marcas Ferrari, Jaguar y Land Rover. Según el empresario, algunos de estos vehículos, especialmente el Ferrari, poseen la consideración de «piezas de coleccionista», un estatus que incrementaría su valor en el mercado especializado frente a una subasta administrativa convencional.

La propuesta de Aldama surge como respuesta al informe de la ORGA, que aconsejó la subasta inmediata de los activos para evitar la depreciación por desuso y eliminar los gastos derivados de su depósito y mantenimiento. Sin embargo, el investigado asegura que los importes obtenidos por su cuenta quedarían plenamente «afectos a las responsabilidades que pudieran derivarse» tanto de la trama de los hidrocarburos como del denominado ‘caso Koldo’.

Contexto judicial y valor estimado de la flota

El magistrado Santiago Pedraz investiga un presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos que podría ascender a más de 200 millones de euros, cometido supuestamente entre los años 2021 y 2024. En el marco de esta instrucción, se ordenó la incautación de un total de 13 vehículos pertenecientes a la red investigada.

Según las valoraciones oficiales obtenidas a través de los servicios de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, el conjunto de los vehículos incautados tendría un valor aproximado de 635.700 euros. No obstante, la defensa insiste en que una gestión de venta directa permitiría superar dicha cifra, garantizando así un mayor respaldo económico para el proceso judicial en curso y para otras causas pendientes en las que el empresario se encuentra involucrado.

Corresponde ahora al juez instructor determinar si accede a la petición del investigado o si mantiene el cauce ordinario de enajenación de bienes a través de los mecanismos estatales previstos para la recuperación de activos procedentes de actividades presuntamente ilícitas.