El Tribunal Supremo estudia la suspensión cautelar de las altas en el censo electoral vinculadas a la «ley de nietos»
El Tribunal Supremo ha celebrado este lunes una vista para decidir sobre la solicitud de medidas cautelares que buscan suspender las nuevas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como «ley de nietos». El recurso, presentado por la formación política Iustitia Europa, advierte sobre la existencia de posibles irregularidades en la Oficina del Censo Electoral que podrían tener efectos irreversibles en la integridad de los procesos comiciales.
El presidente de la formación recurrente, Luis María Pardo, ha comparecido ante el Alto Tribunal para defender una medida que afectaría exclusivamente a los efectos electorales y censales de las inscripciones, dejando indemne el reconocimiento de la nacionalidad española de los descendientes residentes en el extranjero. Según la argumentación de la parte demandante, resulta necesario paralizar administrativamente estas altas hasta que se aclare el procedimiento de fiscalización aplicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el procedimiento judicial han comparecido como partes codemandadas el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Junta Electoral Central (JEC) y el propio INE. La controversia jurídica surge a raíz de las manifestaciones de la formación política, que sostiene que la JEC ha admitido la presencia de defectos técnicos en la Oficina del Censo Electoral y que, hasta la fecha, no se ha informado detalladamente sobre los protocolos de supervisión empleados para validar las nuevas inscripciones registradas bajo el amparo de la citada ley.
La vista celebrada este lunes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo marca un hito en la fiscalización de los procesos de actualización censal vinculados a la expansión de la nacionalidad. La resolución que adopte el tribunal en los próximos días determinará si el censo actual se mantiene vigente o si se requiere una auditoría técnica de las altas producidas en el extranjero para garantizar el correcto funcionamiento del sistema democrático en futuras citas con las urnas.
