La Justicia desestima el recurso de los extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 contra su disolución

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por catorce antiguos empleados del Consorcio Valencia 2007 contra la resolución que rechazó revisar el acuerdo de disolución del organismo. La sentencia, fechada el pasado 30 de julio, sostiene que los recurrentes carecen de legitimación activa para impugnar el cese de actividad de la entidad, al considerar que una eventual anulación del proceso no reportaría un beneficio jurídico directo ni una utilidad concreta sobre su situación laboral actual.

La resolución judicial se centra en la falta de interés legítimo necesario para litigar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, evitando entrar en el fondo de las posibles irregularidades denunciadas por los trabajadores durante el proceso de liquidación. El razonamiento de la magistrada establece una distinción clara entre la legalidad del proceso administrativo de disolución de un ente público y los derechos laborales individuales de su plantilla, subrayando que estos últimos cuentan con sus propios cauces de impugnación.

El fallo recuerda que la disolución del Consorcio —organismo integrado por la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia— fue una consecuencia derivada de sus propios estatutos. Tras la separación efectiva del Estado en noviembre de 2021, y ante la ausencia de un acuerdo expreso entre las administraciones autonómica y local para mantener la vigencia del ente, la extinción se produjo de forma automática según la normativa interna que regía la institución desde su creación para la gestión de la Copa América.

Respecto a la situación de los demandantes, el tribunal argumenta que la anulación del acuerdo de mayo de 2022 no alteraría su estatus jurídico actual. La sentencia detalla que una parte de la plantilla fue subrogada por la nueva empresa concesionaria de las instalaciones náutico-deportivas de la Marina, manteniendo su vínculo laboral. Por otro lado, los trabajadores afectados por el despido colectivo ejecutado durante la liquidación ya han visto confirmada la legalidad de la extinción de sus contratos mediante sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo.

Los recurrentes habían cuestionado diversos aspectos formales del proceso, como la falta de publicación del acuerdo de disolución o la ausencia de autorizaciones previas específicas por parte del Ayuntamiento y la Generalitat. Sin embargo, el tribunal insiste en que los antiguos empleados no ostentan la condición de interesados para fiscalizar la decisión de las administraciones de poner fin al Consorcio, condenando además a los demandantes al pago de las costas procesales.

Este pronunciamiento judicial se suma a la compleja situación que rodea la liquidación de la entidad. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias para investigar presuntas irregularidades en la recolocación de parte del personal en otros organismos públicos vinculados al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria de Valencia. A esto se añaden recientes reclamaciones administrativas de extrabajadores que denuncian haber estado encuadrados en categorías de cotización incorrectas ante la Seguridad Social durante su periodo de actividad en el organismo.

La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), lo que podría prolongar el frente judicial de un organismo cuya gestión y posterior desaparición continúan bajo el escrutinio de los tribunales y las autoridades de control.