El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar las inscripciones en el censo electoral derivadas de la ‘ley de nietos’
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una medida cautelar que suspende la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de aquellas personas que han obtenido la nacionalidad española a través de la instrucción que desarrolla la denominada ‘ley de nietos’. La decisión judicial, que también paraliza las nuevas altas por esta vía, ha provocado una reacción inmediata del Partido Popular, que exige al Gobierno la asunción de responsabilidades políticas por lo que califican de «ingeniería electoral».
El tribunal ha estimado de este modo las medidas cautelares solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa. La resolución judicial incide directamente en el proceso de nacionalización de descendientes de exiliados, suspendiendo temporalmente su capacidad de voto en el extranjero hasta que se resuelva el fondo del recurso presentado contra la normativa técnica que regula estas concesiones.
Tras conocerse el auto, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha comparecido para denunciar lo que considera un intento del Ejecutivo de «alterar» el censo de las elecciones generales. Ezcurra ha sostenido que la intención del Gobierno era facilitar el acceso a la nacionalidad a cientos de miles de personas mediante un procedimiento que, a su juicio, carecía de las garantías necesarias y evitaba el debate parlamentario correspondiente.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también se ha pronunciado a través de sus canales oficiales, asegurando que el tiempo les ha dado la razón en sus advertencias sobre la aplicación de la norma. Desde la sede de Génova han recordado que el partido ya solicitó el pasado mes de julio ante la Secretaría de Estado de Justicia la nulidad de pleno derecho de la instrucción de octubre de 2022, al considerar que ampliaba los supuestos de la ley sin tener competencias para ello.
La formación popular ha puesto el foco en la figura de Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y firmante de la instrucción en cuestión. Según el PP, se ha utilizado este cauce administrativo para «acelerar nacionalizaciones en masa» en los meses previos a procesos electorales, registrando apenas un 2% de denegaciones sobre el más de medio millón de solicitudes tramitadas hasta la fecha.
Durante su intervención, Ezcurra ha emplazado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a explicar por qué se ignoraron las advertencias que el Partido Popular ha planteado de forma recurrente en el Congreso de los Diputados. «La nacionalidad española es un honor que no se regala», ha concluido la vicesecretaria, insistiendo en que el Tribunal Supremo ha confirmado la existencia de un problema de garantías legales en el proceso actual.
Por su parte, el Gobierno deberá ahora responder ante la justicia por la legalidad de la instrucción impugnada, mientras el proceso de inscripción en el CERA para los beneficiarios de esta disposición queda paralizado de forma efectiva bajo el amparo del Estado de Derecho.
