El Ministerio del Interior licita de urgencia el transporte de funcionarios en Ceuta ante el aumento de la presión penitenciaria
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha activado un procedimiento de licitación para adjudicar el servicio de transporte de los funcionarios del Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, en Ceuta. La tramitación, publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de agosto, establece un plazo de apenas 17 días naturales para la recepción de ofertas, fijando el límite el próximo 14 de septiembre. Esta urgencia administrativa busca garantizar la continuidad de los traslados de la plantilla y evitar un vacío operativo en un momento de especial sensibilidad en la ciudad autónoma.
El nuevo contrato proyectado para el periodo 2026 contempla un incremento presupuestario respecto a la licitación anterior. El presupuesto base de licitación se ha fijado en 414.000 euros, frente a los 360.000 euros del contrato de 2023. Si se incluyen las posibles prórrogas y modificaciones, el valor estimado del contrato alcanza los 621.000 euros. Este aumento en la dotación económica responde a la necesidad de asegurar la logística diaria en un trayecto de seis kilómetros que separa el casco urbano del centro penitenciario, cubriendo los turnos de mañana, tarde y noche los siete días de la semana.
Las condiciones técnicas del pliego introducen novedades significativas en la seguridad y la logística. Aunque se mantiene el uso de un autocar de al menos 50 plazas para realizar seis viajes diarios, el número de paradas urbanas se ha ampliado de 7 a 10. Esta modificación busca optimizar la recogida del personal y minimizar su exposición en la vía pública. Asimismo, el pliego endurece las exigencias técnicas al requerir de forma explícita que todas las plazas dispongan de cinturones de seguridad y obliga a la empresa adjudicataria a garantizar un vehículo de sustitución inmediato ante cualquier avería o imprevisto.
Este movimiento administrativo se produce en un contexto de saturación del penal de Ceuta, condicionado por la crisis migratoria registrada a finales de julio. Las entradas masivas en la frontera han derivado en un incremento de la población reclusa, que ha pasado de una media estable de entre 280 y 300 internos a rozar los 400. Este volumen supera la capacidad operativa ordinaria del centro, situada por los representantes de los trabajadores en 280 plazas. La situación de hacinamiento obligó recientemente a Interior a trasladar a cerca de 50 detenidos preventivos a la prisión de Botafuegos, en Algeciras, para aliviar la presión sobre los módulos ceutíes.
Además de la sobrepoblación, el centro ha tenido que gestionar retos sanitarios y de seguridad, como el aislamiento de presos por sospechas de sarna y el aumento de la conflictividad en los viales de acceso al penal. Organizaciones sindicales como CSIF y ACAIP-UGT han advertido que el actual repunte de internos desborda la capacidad de la plantilla actual. En consecuencia, han solicitado al Ministerio del Interior la reclasificación del centro penitenciario a la categoría 1.1, lo que permitiría adecuar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a las necesidades reales de seguridad y gestión del centro.
La licitación actual simplifica la flota obligatoria a un único autobús en activo, pero bajo una estricta supervisión de las condiciones de mantenimiento. Con la adjudicación de este contrato, Interior pretende blindar la movilidad de los funcionarios públicos en un escenario donde la presión migratoria y el incremento de los ingresos judiciales han transformado la rutina operativa del penal de Fuerte Mendizábal en un desafío logístico de primer orden.
