El Gobierno desclasifica los informes de inteligencia sobre el intento de entrada masiva en Ceuta
El Ejecutivo central ha procedido a la desclasificación de medio centenar de documentos oficiales, entre los que se incluyen informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Policía Nacional, relativos a los intentos de entrada masiva en Ceuta ocurridos el pasado verano. Los archivos revelan que los servicios de inteligencia alertaron con antelación sobre la organización de los saltos a través de redes sociales y apuntan a una presunta participación de agentes marroquíes en la coordinación de los movimientos en la frontera.
Según la documentación liberada, el CNI remitió una alerta a la Delegación del Gobierno en Ceuta el 29 de julio, advirtiendo de una convocatoria programada para el día siguiente a las 20:00 horas. El informe de inteligencia destacaba el alcance de la movilización, identificando dos grupos en plataformas digitales que sumaban un total de 180.000 seguidores, lo que permitía prever una difusión masiva de la convocatoria para el asalto por vía marítima y terrestre.
Asimismo, entre los documentos destaca el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, remitido originalmente a la Audiencia Nacional. Este texto sostiene que el asalto contó con una «planificación previa» y describe la presencia de agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, que habrían guiado a los migrantes hacia la zona fronteriza. El documento policial califica la actuación de las autoridades del país vecino como de «total permisividad», sugiriendo que la cuestión migratoria fue utilizada como «cobertura» para los hechos ocurridos.
La desclasificación de estos archivos, que suman cerca de 50 documentos fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, fue anunciada previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. La ministra portavoz, Elma Saiz, ratificó este martes que la medida busca garantizar que la ciudadanía acceda a la información «con total transparencia», cumpliendo así con el compromiso de rendición de cuentas sobre la gestión de la crisis fronteriza.
A pesar del contenido de los informes policiales y de inteligencia, la postura oficial del Gobierno de España se mantiene en la vía de la prudencia diplomática. Fuentes gubernamentales han reiterado su rechazo a señalar directamente la responsabilidad de Rabat en términos que puedan desencadenar un conflicto bilateral, argumentando que, por el momento, no se dispone de lo que califican como «pruebas sólidas» para alterar la actual relación de cooperación con el Reino de Marruecos.
Este movimiento administrativo se produce en un contexto de presión parlamentaria, donde diversos grupos de la oposición han solicitado reiteradamente el esclarecimiento de los sucesos en la valla de Ceuta. Los documentos ahora públicos permiten trazar una cronología detallada de las advertencias recibidas por el Ministerio del Interior y la Presidencia en las horas previas a la crisis migratoria.
