El Gobierno de Baleares autoriza acciones legales contra el traslado de menores migrantes desde Canarias y Melilla
El Consell de Govern de las Islas Baleares ha autorizado formalmente a la Abogacía de la comunidad autónoma para interponer recursos contra las resoluciones estatales que ordenan el traslado de dos menores extranjeros no acompañados al archipiélago. La decisión, tomada en la última reunión del Ejecutivo autonómico, busca impugnar las órdenes emitidas por las delegaciones del Gobierno en Canarias y Melilla durante los meses de julio y agosto.
Según informó el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, en la comparecencia posterior a la reunión del Consell de Govern, la medida jurídica se dirige específicamente contra dos resoluciones administrativas con fechas del 15 de julio y el 20 de agosto. Estas resoluciones acordaban el desplazamiento de sendos menores desde los territorios mencionados hacia los centros de acogida situados en Baleares.
El argumento central del Gobierno balear para elevar este conflicto ante la justicia se basa en la supuesta falta de motivación y el incumplimiento del principio del interés superior del menor. Desde la administración autonómica se sostiene que no se ha acreditado que los traslados respondan a las necesidades reales de los afectados, señalando además deficiencias en la tramitación de los expedientes.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico subraya que, de manera previa a cualquier traslado entre territorios nacionales, se debería haber planteado y agotado la vía de la repatriación mediante la reagrupación familiar en sus países de origen. Baleares defiende que esta opción debe primar sobre la reubicación en otras comunidades autónomas siempre que sea viable y garantice el bienestar del menor.
Esta decisión se produce en un marco de debate institucional sobre la gestión de la presión migratoria y los protocolos de acogida de menores extranjeros no acompañados en España. Con esta autorización a la Abogacía, el Gobierno de las Islas Baleares busca una revisión judicial que determine si los procedimientos seguidos por las delegaciones del Gobierno estatal se ajustan a la normativa vigente en materia de protección de la infancia y migración.
