Cueto y Rotaeche niegan ante el juez el pago de comisiones por los contratos de Soluciones de Gestión
Los empresarios Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, vinculados a la mercantil Soluciones de Gestión, han declarado este viernes en calidad de investigados ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Durante sus comparecencias voluntarias, ambos han negado tener conocimiento o haber participado en el pago de comisiones irregulares para la obtención de contratos públicos de suministro de mascarillas durante la crisis sanitaria de la COVID-19.
Rotaeche, quien figura como administrador único de la empresa, y Cueto, señalado por los investigadores como el presunto responsable del control real de la firma, han respondido a las preguntas de la Fiscalía y de sus respectivas defensas. Según sus testimonios, su intervención se limitó a la aceptación de una propuesta de negocio presentada por Víctor de Aldama, tras la cual procedieron a formalizar las ofertas que finalmente resultaron adjudicatarias por parte de la Administración Pública.
Esta versión contradice la línea de investigación derivada de la colaboración de Víctor de Aldama con la justicia. En el marco del procedimiento ante el Tribunal Supremo, Aldama confesó el pago de comisiones, lo que derivó en una sentencia que consideró probado el desembolso de 6,6 millones de euros por parte de Soluciones de Gestión a cambio de la adjudicación de contratos con Puertos del Estado y Adif, valorados en 20 y 12,5 millones de euros, respectivamente.
Durante la sesión, los investigados han atribuido a un «error administrativo» de otro de los implicados, José Ángel Escorial, el hecho de que los contratos entre Soluciones de Gestión y el Grupo Cueto figuren con fecha del 16 de marzo de 2020, cuatro días antes de que se dictara la orden ministerial que habilitaba la adjudicación. Cueto ha sostenido que la oferta para Puertos del Estado fue entregada de forma presencial el 19 de marzo en las inmediaciones del Ministerio de Transportes.
Asimismo, Juan Carlos Cueto ha rechazado ejercer el control efectivo de Soluciones de Gestión, argumentando que su empresa únicamente proveía servicios logísticos y compartía infraestructura operativa con la firma adjudicataria. Con estas declaraciones, el magistrado Ismael Moreno avanza en la instrucción de esta pieza principal del denominado caso Koldo, centrada en las presuntas irregularidades en los suministros de material sanitario.
De forma paralela a esta rama del procedimiento, la Audiencia Nacional mantiene abiertas otras dos líneas de investigación: una relativa a posibles comisiones en obras públicas y otra, bajo secreto de sumario, que analiza el sistema de pagos en metálico vinculado a la organización. La causa principal continúa su curso tras las condenas previas dictadas por el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos y al propio Víctor de Aldama.
