Sofía Puente solicita la inadmisión de la querella por la «ley de nietos» alegando que el caso ya fue juzgado

La secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid en el que solicita el archivo de la querella interpuesta en su contra por la asociación Hazte Oír. La defensa de la número tres del departamento que dirige Félix Bolaños fundamenta su petición en que los hechos denunciados ya fueron analizados y archivados por otro juzgado madrileño en abril de 2024, invocando así el principio de cosa juzgada.

La querella de Hazte Oír atribuye a Puente un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con una instrucción firmada el 25 de octubre de 2022. Según la asociación, dicha norma amplió de manera irregular los supuestos para que los descendientes de exiliados pudieran obtener la nacionalidad española, excediendo lo contemplado en la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la «ley de nietos». La asociación sostiene que la instrucción incluyó supuestos que el Congreso de los Diputados había rechazado previamente durante la tramitación legislativa.

En el escrito de defensa, firmado por el abogado Santiago Díez, se expone que el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ya resolvió una querella idéntica presentada por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica. En aquel procedimiento, el auto de archivo determinó que las posibles irregularidades en una instrucción administrativa deben dirimirse en el orden contencioso-administrativo y no en la jurisdicción penal, salvo que exista una contradicción patente y grosera con el ordenamiento jurídico.

Una de las particularidades del proceso es que Sofía Puente ha declinado ser representada por la Abogacía del Estado, optando por una defensa privada. El letrado designado es el mismo que representa a una de las partes en un caso de custodia de menores donde se investiga a un subordinado de Puente, Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia. Cubo figura como investigado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid por una presunta manipulación de pruebas videográficas en sede judicial.

La magistrada Inmaculada Lova, titular del Juzgado de Instrucción número 35, abrió diligencias el pasado mes de julio tras la querella de Hazte Oír. Tras recibir el escrito de la defensa, la juez ha dictado una diligencia de ordenación en la que solicita que se le remita toda la información relativa al caso previamente archivado en el Juzgado número 21, con el fin de evaluar si procede el sobreseimiento de las actuaciones actuales.

La instrucción objeto de controversia establecía una presunción de la condición de exiliado para todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Mientras los querellantes consideran que esto supuso una extralimitación de funciones por parte de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el archivo previo en la Audiencia Provincial de Madrid subrayó que la intervención del derecho penal debe ser la última ratio y no una herramienta de control ordinario de la legalidad administrativa.