El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes la solicitud de la Administración encabezada por Donald Trump para implementar un plan de restricciones al voto por correo de cara a los próximos comicios del 3 de noviembre. Con esta decisión, la alta instancia judicial respalda la medida cautelar dictada previamente por una jueza federal que declaraba ilegal la iniciativa del Ejecutivo republicano.
A través de un breve comunicado, el tribunal informó de que la solicitud de suspensión, presentada inicialmente ante la magistrada Ketanji Brown Jackson, ha sido denegada. El Supremo argumentó en su resolución que el Gobierno federal cuenta con pocas posibilidades de prosperar en el fondo de su recurso contra la orden dictada a principios de septiembre por la jueza de distrito Indira Talwani.
La resolución incluye dos opiniones diferenciadas entre los miembros de la corte. El magistrado Brett Kavanaugh, nominado por el presidente Trump en 2018, se alineó con la negativa a la suspensión por motivos técnicos y de calendario. Si bien Kavanaugh admitió que existe una «probabilidad razonable» de que la norma del Servicio Postal (USPS) se ajuste a la legalidad, subrayó que su aplicación inmediata resultaría «arbitraria y caprichosa», vulnerando la Ley de Procedimiento Administrativo debido a la falta de tiempo para que los funcionarios estatales la implementen adecuadamente.
Por el contrario, el juez Samuel Alito, con el apoyo de Clarence Thomas, emitió un voto particular disidente de ocho páginas. Alito sostuvo que el Gobierno ha acreditado los requisitos necesarios para la suspensión y cuestionó la legitimidad procesal de varios de los demandantes. Asimismo, el magistrado acusó a los estados recurrentes de ser responsables de gran parte de la demora que ahora alegan como impedimento para aplicar la nueva normativa.
Esta decisión representa el tercer intento de la Administración Trump por obtener el aval del Supremo en esta materia de urgencia. Aunque en una ocasión anterior el tribunal falló a favor del Ejecutivo al considerar que los estados carecían de legitimidad para impugnar ciertas órdenes ejecutivas, el enfoque del proceso actual se ha centrado en la operatividad del Servicio Postal y en los riesgos de caos organizativo denunciados por diversas entidades y estados gobernados por el Partido Demócrata.
El origen del conflicto se remonta a marzo, cuando se firmó una orden ejecutiva bajo la premisa de que el voto por correo facilita el fraude electoral. Tras conocerse el fallo, representantes estatales como el fiscal general de California, Rob Bonta, han calificado la decisión como una «victoria para la democracia», reafirmando que el sufragio por correo es un mecanismo fundamental reconocido en los 50 estados de la Unión.
