El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este martes el rechazo del Ejecutivo ante la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el dirigente socialista ha defendido la legitimidad del sufragio de los descendientes de exiliados y ha cuestionado el criterio judicial que paraliza su participación en futuros procesos electorales.
La resolución del Alto Tribunal fundamenta la medida cautelar en la existencia de un «peligro fundado, real y serio» de que la incorporación masiva de estos nuevos electores pueda afectar la objetividad y la transparencia de las votaciones. Según el auto judicial, permitir la inscripción inmediata bajo la denominada «ley de nietos» podría causar un daño irreversible a la rectitud del proceso electoral, alterando potencialmente el resultado derivado de los electores que ya figuraban correctamente inscritos en el censo.
Frente a estos argumentos, el ministro Torres ha aportado datos actualizados sobre el impacto de la normativa, señalando que se han aprobado ya 571.000 expedientes de nacionalidad, de los cuales 333.696 personas han formalizado su inscripción en el CERA. El titular de Política Territorial ha rechazado las acusaciones de adulteración del censo, sosteniendo que la verdadera anomalía democrática se produciría si se impide el ejercicio del voto a ciudadanos que legalmente han adquirido la condición de españoles por su vinculación familiar con el exilio.
La controversia ha provocado una escalada de críticas desde diferentes sectores del Gabinete hacia la actuación de la judicatura. Mientras que el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado la decisión como un «atropello democrático», el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto en duda la imparcialidad del magistrado ponente de la resolución. Puente ha hecho referencia a supuestas reuniones del juez con representantes de la oposición, instando a las asociaciones judiciales a pronunciarse sobre la apariencia de neutralidad en el ejercicio de la jurisdicción.
Desde el ámbito profesional, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha manifestado su inquietud por el tono empleado por los miembros del Gobierno. La asociación ha recordado que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho y ha reprochado que se utilicen descalificaciones públicas como mecanismo de presión sobre los tribunales cuando estos emiten resoluciones que afectan a la agenda política del Ejecutivo.
El Gobierno ha aprovechado la comparecencia para recordar la evolución de la postura del Partido Popular respecto a esta materia. El ministro Torres ha señalado que, en años anteriores, el actual líder de la oposición se mostró favorable a la concesión de la nacionalidad a los descendientes de la emigración económica y política. En este sentido, el Ejecutivo enmarca el actual conflicto en una estrategia de confrontación judicial que, a su juicio, busca revertir los efectos de leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria.
Esta disputa institucional se produce tras unos comicios generales en los que el recuento del voto exterior resultó decisivo para el movimiento de escaños entre los bloques parlamentarios. La suspensión cautelar del Supremo deja en suspenso la participación de miles de nuevos nacionales, a la espera de un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto que determine si el procedimiento de inscripción cumple con todas las garantías de seguridad jurídica exigidas por el sistema electoral español.
