El Gobierno cuestiona la decisión del Supremo de suspender el voto de los descendientes de exiliados
El Ejecutivo ha manifestado este martes su rechazo a la medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo, la cual suspende la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española a través de la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la legitimidad de estos nuevos electores y ha advertido que impedir su participación supone una alteración de la realidad censal.
La resolución del alto tribunal fundamenta la suspensión en la existencia de un «peligro fundado, real y serio» de que la incorporación de estos nuevos nacionales pueda comprometer la objetividad y la transparencia de los procesos electorales. Según el auto judicial, permitir el sufragio en estas condiciones actuales podría ocasionar un «daño irreversible» a la rectitud del voto y afectar a los resultados deseados por los ciudadanos que ya figuraban correctamente inscritos con anterioridad.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres detalló que hasta la fecha se han aprobado 571.000 expedientes de nacionalidad bajo la denominada «ley de nietos», de los cuales 333.696 personas ya han solicitado su inscripción en el censo exterior. El ministro cuestionó las críticas de quienes sugieren una adulteración del censo, argumentando que la verdadera distorsión se produce al privar de sus derechos fundamentales a los descendientes de quienes se vieron obligados al exilio.
El Gobierno también ha señalado lo que considera un cambio de postura en el Partido Popular. El ministro Torres recordó que, en ejercicios anteriores, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se había mostrado favorable a la concesión de la nacionalidad a los nietos de exiliados con independencia de si la marcha del país fue por persecución política o causas económicas. El Ejecutivo ha calificado la posición actual de la oposición como una «metamorfosis» política vinculada a la influencia del voto exterior en el reparto de escaños.
La controversia ha derivado en un cruce de declaraciones entre el gabinete ministerial y las asociaciones judiciales. Mientras que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, describió la medida como un «atropello democrático», el titular de Transportes, Óscar Puente, ha puesto en duda la imparcialidad de ciertos magistrados aludiendo a supuestos encuentros con dirigentes políticos. Puente instó a las asociaciones judiciales a pronunciarse sobre si dichas reuniones garantizan la apariencia de neutralidad necesaria en el ejercicio jurisdiccional.
En respuesta a estas afirmaciones, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha manifestado su preocupación por el tono empleado desde el ámbito político. La asociación ha recordado que la independencia judicial constituye un pilar esencial del Estado de Derecho y ha reprochado el uso de descalificaciones públicas, al considerar que estas pueden convertirse en instrumentos de presión sobre la labor de los tribunales en el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
El Consejo de Ministros, de forma paralela a esta discusión política, ha dado luz verde a un nuevo plan aeroportuario con una inversión prevista de 13.000 millones de euros para los próximos cinco años, así como a una convocatoria de 1.200 millones de euros destinados a la investigación científica.
