Bolaños asegura que la aplicación plena de la amnistía es «cuestión de tiempo» tras el auto del Supremo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este martes que la aplicación efectiva de la ley de amnistía es un proceso inevitable que se consolidará con el transcurso de los plazos judiciales. Estas declaraciones se producen como respuesta inmediata a la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de rechazar la amnistía para el delito de malversación imputado a Carles Puigdemont, remitiendo la resolución final a los futuros fallos del Tribunal Constitucional.

En una atención a los medios de comunicación en los pasillos del Senado, Bolaños ha sostenido que la normalización política en Cataluña y los objetivos fundacionales de la norma solo se alcanzarán de manera íntegra cuando la ley se aplique a todos los encausados por el «procés». El ministro ha recalcado que la voluntad del legislador es clara y que el despliegue de sus efectos jurídicos seguirá su curso conforme se agoten las vías de recurso previstas en el ordenamiento.

El titular de Justicia ha puesto de relieve lo que considera la «novedad más importante» del auto emitido por el juez Llarena: el reconocimiento explícito de los recursos de amparo pendientes ante el Tribunal Constitucional. Según el ministro, el propio Supremo anticipa un nuevo escenario jurídico que se abrirá una vez que el tribunal de garantías resuelva las impugnaciones presentadas, lo que podría modificar el actual criterio de exclusión del delito de malversación.

Asimismo, Bolaños ha destacado que la fundamentación del magistrado Llarena incorpora las disposiciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de julio. Este marco jurídico comunitario es, a juicio del Gobierno, una pieza clave en la interpretación de los delitos financieros que el Supremo considera, por el momento, no sujetos al beneficio de la amnistía por su posible afectación a los intereses financieros de la Unión.

Para concluir, el ministro ha hecho un llamamiento a la prudencia y al respeto por los tiempos de la magistratura, señalando que en esta fase procesal es fundamental «dejar trabajar a los tribunales». Con esta postura, el Ejecutivo central reafirma su confianza en que las instancias superiores de control constitucional acabarán por validar la aplicación de la ley a la totalidad de los supuestos contemplados en su articulado.