ERC reclama al Estado recursos financieros para la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta
La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, Ester Capella, ha solicitado este miércoles al Gobierno central la transferencia de los recursos económicos necesarios para garantizar una acogida «adecuada» de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran actualmente en Ceuta, ante un eventual traslado a las diversas comunidades autónomas.
Durante una intervención en el programa ‘Cafè d’idees’, la representante republicana subrayó que la gestión de estos menores debe ajustarse estrictamente al marco legal vigente. Capella recordó que los procedimientos de expulsión o retorno requieren de un proceso administrativo riguroso que incluye, como requisito indispensable, el reconocimiento del menor por parte de su país de origen.
En cuanto a la política de protección a la infancia, la portavoz de ERC defendió que la prioridad institucional debe ser la reagrupación familiar. En este sentido, señaló que los menores deben regresar a sus hogares «si los padres los reclaman», argumentando que el entorno familiar es el espacio idóneo para su desarrollo. No obstante, precisó que, en los casos donde esto no sea posible, es responsabilidad del Estado y de la Generalitat desplegar la red de acogida para dar cobertura a sus necesidades básicas.
Capella reivindicó la trayectoria de Cataluña en materia de recepción de personas migrantes, asegurando que la comunidad autónoma ha cumplido históricamente con sus obligaciones. Sin embargo, enfatizó que para que los menores sean atendidos en condiciones óptimas, el Estado debe dotar a la administración autonómica de los medios suficientes para que estos infantes dispongan de una estancia equiparable a la de un entorno familiar.
Esta petición se produce en un contexto de debate sobre el reparto de la presión migratoria que sufren territorios fronterizos como Ceuta o Canarias, y la necesidad de establecer mecanismos de corresponsabilidad entre las diferentes autonomías bajo la tutela y financiación del Ejecutivo central.
