La Fiscalía solicita investigar la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta tras la entrada masiva de julio

La Fiscalía de Ceuta ha solicitado formalmente el esclarecimiento de la gestión llevada a cabo por el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, durante los sucesos ocurridos los pasados días 30 y 31 de julio. La fiscal Silvia Rojas ha remitido la investigación a la Audiencia Nacional con el objetivo de determinar si las decisiones u omisiones del representante gubernamental pudieron tener incidencia en el desarrollo de la entrada masiva de personas a través de la frontera.

En el escrito presentado, el Ministerio Público apunta a la necesidad de analizar si existió una «eventual omisión de medidas» por parte de Pérez Triano. La fiscalía vincula la conducta del delegado con las circunstancias específicas en las que se produjo el asalto, exigiendo un examen conjunto que incluya la información previa de la que disponían las autoridades españolas y la adecuación de los dispositivos de vigilancia, contención y auxilio desplegados en la costa ceutí.

La investigación busca esclarecer la posible existencia de omisiones relevantes en materia de prevención y protección, así como la relación de causalidad entre estas decisiones y los resultados lesivos, incluyendo fallecimientos y lesiones registrados durante el episodio. Según el Ministerio Público, la actuación de la Delegación del Gobierno no debe ser tratada como un elemento aislado, sino como una parte integrante de la secuencia de acontecimientos que conforman el hecho investigado.

La fiscal Rojas sostiene que las denuncias presentadas contra el delegado señalan una presunta responsabilidad derivada de las instrucciones impartidas y la organización de los protocolos de recepción. A juicio de la Fiscalía, la respuesta institucional forma parte del mismo contexto que la actuación de quienes promovieron la entrada masiva, lo que resulta determinante para evaluar si el riesgo era «conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación».

Finalmente, el Ministerio Público ha argumentado que mantener investigaciones separadas sobre estos hechos podría comprometer la valoración del engranaje operativo. La fiscalía subraya que existe una «unidad de contexto» y una interdependencia de las conductas, por lo que la unificación de las diligencias en la Audiencia Nacional evitaría la duplicidad de procesos y la posible aparición de resoluciones contradictorias sobre la previsibilidad del riesgo en la frontera.