Exteriores ordena trabajo extraordinario en los consulados para cumplir el requerimiento del Supremo sobre el voto exterior

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha dictado instrucciones para que las oficinas consulares trabajen durante este sábado y domingo con el fin de cumplir el plazo otorgado por el Tribunal Supremo. El alto tribunal ha concedido un margen de cinco días para que el Gobierno facilite la relación nominal de los 163.020 ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos», que se han visto afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto para los comicios del próximo 29 de noviembre.

La decisión ministerial responde a la advertencia del Tribunal Supremo sobre la imposición de multas coercitivas de 1.000 euros a los titulares de las carteras de Exteriores y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en caso de incumplimiento. Fuentes del departamento dirigido por José Manuel Albares han calificado la tarea como «imperativa» y han confirmado que se ha puesto a disposición de los consulados a todo el personal disponible de las embajadas para agilizar la identificación de los afectados.

Desde la recepción de los primeros autos judiciales, el Ministerio ha procedido a la suspensión de permisos y vacaciones en las oficinas consulares, otorgando carácter «urgente y prioritario» a la elaboración de los listados. Según el requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, dicha información debe ser remitida de forma inmediata tanto al propio tribunal como a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral.

El ministro de Asuntos Exteriores ha admitido la complejidad técnica de la operación, señalando que el proceso debe realizarse de forma manual para aquellos expedientes tramitados entre los años 2022 y 2025. No obstante, ha precisado que el registro civil digital ya cuenta con los datos de aproximadamente 70.000 personas nacionalizadas en el periodo posterior, los cuales ya han sido trasladados a las autoridades electorales competentes.

Hasta la fecha, un total de 48 oficinas consulares han completado total o parcialmente el proceso de verificación para determinar qué ciudadanos conservan su derecho a voto por ser descendientes directos de exiliados. A pesar de los refuerzos autorizados y el redoblamiento de esfuerzos, el titular de Exteriores ha reconocido que el margen temporal es «exiguo» para completar la totalidad del proceso nominal exigido por la justicia.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado que su departamento ya emitió en su momento las instrucciones pertinentes para facilitar la identificación de los afectados. El Tribunal Supremo, sin embargo, mantiene la advertencia de reiterar las sanciones económicas de forma periódica hasta que se produzca la completa ejecución del fallo judicial, sin descartar la exigencia de otras responsabilidades patrimoniales.