Investigan presuntos intentos de influencia en la causa judicial del delegado del Gobierno en Ceuta
La investigación judicial que afecta al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por un presunto delito de prevaricación omisiva, ha generado preocupación en los cuerpos de seguridad y en los órganos de instrucción en Madrid. Según fuentes cercanas a las pesquisas, existen indicios de que se habrían producido intentos de controlar o influir en el desarrollo de las diligencias a través de los contactos de su cónyuge en la Administración de Justicia de la ciudad autónoma.
El procedimiento principal se centra en la gestión del delegado ante las advertencias que, presuntamente, habría emitido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de producirse la entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta. El foco de la inquietud institucional reside en la posición profesional de la esposa de Pérez Triano, N.G.M., quien desempeña funciones en la unidad de Registro y Reparto de los juzgados ceutíes, departamento por el que transitan todas las denuncias antes de ser asignadas a los distintos órganos judiciales.
Fuentes de la investigación señalan que la alarma surgió tras recibir informaciones que apuntaban a una posible utilización de estas relaciones en el ámbito judicial para obtener información anticipada sobre el proceso o condicionar el curso de las diligencias. Esta situación provocó malestar entre los responsables de las pesquisas en Madrid, quienes supervisaban el grueso de las actuaciones relacionadas con los incidentes fronterizos.
No obstante, el reciente traslado de la causa a la Audiencia Nacional ha mitigado, según las mismas fuentes, las reservas existentes sobre la capacidad de influencia en el ámbito local. Al radicarse el procedimiento en un tribunal de jurisdicción nacional, se considera que se han despejado las dudas sobre una eventual intromisión que pudiera comprometer la imparcialidad de las actuaciones judiciales iniciadas en Ceuta.
La trayectoria de la esposa del delegado también ha sido objeto de análisis por su vinculación previa con el ámbito político. Antes de consolidar su plaza como funcionaria de carrera en 2018, N.G.M. ocupó cargos de confianza como asesora del Grupo Político Socialista en la Asamblea de Ceuta en 2007 y formó parte de diversas candidaturas del PSOE, tanto en elecciones generales como autonómicas, entre los años 2008 y 2015.
A estas sospechas de injerencia se suman las quejas procedentes de la acusación popular. La organización Manos Limpias, que interpuso la denuncia original, ha señalado anomalías en la tramitación inicial del caso. Según la entidad, a pesar de solicitar la personación formal un día después de la apertura de diligencias previas el pasado 2 de septiembre, el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta no tramitó dicha solicitud, lo que impidió que las diligencias interesadas por la asociación llegaran a practicarse en esa instancia.
El caso, que ahora se instruye bajo criterios de competencia centralizada, continúa su curso para determinar si existió una omisión de funciones por parte de la delegación del Gobierno ante los avisos de inteligencia en uno de los episodios de crisis fronteriza más relevantes de los últimos años.
