El TSJPV ratifica la condena de tres años y once meses de cárcel para un aficionado por los disturbios en Anoeta
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia que condena a tres años y once meses de prisión a un aficionado de la Real Sociedad por los incidentes violentos registrados en marzo de 2022. El fallo ratifica la responsabilidad del procesado en los altercados ocurridos contra agentes de la Ertzaintza durante la previa de un encuentro de liga frente al Deportivo Alavés en el estadio de Anoeta.
La resolución, con fecha del pasado 11 de septiembre, desestima las impugnaciones y valida la calificación jurídica realizada inicialmente por la Audiencia de Gipuzkoa. El tribunal considera probado que el acusado incurrió en un delito de desórdenes públicos, por el que se le imponen once meses de prisión, y en dos delitos de atentado a agentes de la autoridad, cada uno de ellos castigado con un año y seis meses de privación de libertad.
Los hechos se produjeron el 13 de marzo de 2022, aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro deportivo. Según recoge el dictamen judicial, el condenado se integró en un grupo que comenzó a arrojar botellas, vasos de cristal, adoquines y mobiliario de establecimientos cercanos contra el cordón policial. La sentencia subraya que el procesado lanzó adoquines de cemento a los agentes con el objetivo de menoscabar el principio de autoridad, provocando lesiones de diversa consideración a los efectivos actuantes.
Además de las penas de cárcel, el TSJPV mantiene las sanciones económicas consistentes en cuatro meses de multa con una cuota diaria de seis euros por un delito de lesiones menos graves, y sendas multas de un mes por dos delitos de lesiones leves. En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a tres agentes de la Ertzaintza con cantidades de 600, 480 y 40 euros, respectivamente. El tribunal ha constatado que el procesado ya ha consignado en sede judicial la cantidad total de 1.120 euros destinada al pago de estas indemnizaciones.
Finalmente, la resolución impone el pago de las costas procesales al recurrente. A pesar de la ratificación de la condena por parte del alto tribunal autonómico, la defensa todavía dispone de la facultad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que constituye la última vía ordinaria de revisión jurisdiccional para este caso de violencia en el entorno deportivo.
