La Junta de Andalucía exige al Gobierno central la reactivación de la unidad OCON-Sur frente al narcotráfico
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reclamado este jueves ante el Pleno del Parlamento andaluz una mayor implicación del Gobierno de España en la lucha contra el narcotráfico. Durante su intervención, Sanz ha solicitado formalmente la reactivación de la unidad de élite OCON-Sur y ha calificado la situación actual de «extrema gravedad», acusando a la administración central de realizar una «dejación de funciones» en el territorio autonómico.
El Ejecutivo andaluz ha fundamentado su petición en la «eficacia demostrada» por dicha unidad operativa durante su periodo de actividad. Sanz ha vinculado la ausencia de este grupo especializado con un repunte en la impunidad de las mafias, señalando que la falta de presencia estatal en zonas críticas de Andalucía y en la ciudad autónoma de Ceuta debilita la seguridad ciudadana y la protección de las instituciones.
En el marco de las demandas institucionales, el vicepresidente ha subrayado la necesidad de implementar un plan estatal integral contra el crimen organizado. Esta estrategia incluiría no solo el refuerzo de medios materiales para la Guardia Civil y la Policía Nacional —específicamente para equiparar su capacidad operativa a la de las narcolanchas—, sino también el reconocimiento de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo.
En el ámbito legislativo y judicial, el consejero de Presidencia ha propuesto una serie de reformas estructurales que incluyen la creación de juzgados especializados en narcotráfico y la modificación del Código Penal para el agravamiento de las penas. Asimismo, ha instado a actualizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con el objetivo de dotar de una mayor seguridad jurídica a las actuaciones policiales en la zona del Estrecho y áreas adyacentes.
La comparecencia se ha producido en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del Grupo Popular, Manuel Bonilla. El parlamentario ha respaldado las exigencias de la Junta, enfatizando el «sacrificio personal» de los agentes desplegados y criticando la gestión del delegado del Gobierno en Andalucía. Bonilla ha insistido en que las demandas de seguridad de los andaluces y ceutíes deben recibir una respuesta inmediata y proporcional al desafío que representan las mafias organizadas.
Finalmente, Antonio Sanz ha concluido su intervención instando al Ejecutivo central a «dejar de mirar para otro lado» y a ofrecer soluciones rápidas que garanticen la protección del territorio. Desde la administración autonómica se mantiene la postura de que la lucha contra el narcotráfico debe ser una prioridad de Estado que trascienda la confrontación política para asegurar la convivencia y el orden público.
