La Audiencia Nacional rechaza limitar el rastreo bancario en la investigación sobre la exmilitante Leire Díez
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha desestimado los recursos presentados por varios investigados que solicitaban restringir el análisis de sus movimientos bancarios en el marco del denominado «caso Leire». Con esta decisión, el instructor mantiene la orden a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para rastrear un total de 81 cuentas bancarias vinculadas al PSOE, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
La resolución judicial, que sigue el criterio de la Fiscalía, sostiene que resulta «indispensable» ampliar el foco de la investigación financiera para determinar el origen y destino de los fondos que habrían sufragado las actividades de la exmilitante socialista Leire Díez. El magistrado argumenta que limitar el rastreo a las cuentas desde las que se emitieron pagos directos podría ocultar transferencias intermedias entre diferentes depósitos de una misma persona física o jurídica, dificultando el esclarecimiento de los hechos.
La investigación trata de verificar si existió una estructura de financiación, presuntamente articulada con recursos del PSOE, destinada a proteger a instituciones del Estado y al propio partido frente a investigaciones judiciales. Según el auto, las pesquisas apuntan a que el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, podría haber puesto a disposición de la red un sistema de soporte económico basado en sociedades interpuestas y la colaboración de letrados para ocultar los pagos destinados a boicotear procesos judiciales en curso.
Por su parte, Gaspar Zarrías ha interpuesto un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal calificando la medida de «prospectiva» y carente de fundamento. Su defensa sostiene que la relación con Díez se limitó a un contrato profesional en 2024, por un importe de 16.000 euros, con el objetivo de obtener pruebas que demostraran su inocencia en el caso ERE. Según el exvicepresidente andaluz, el contrato se rescindió tras recibir un material que no cumplía con sus expectativas, asegurando que su actuación no tuvo relación con el entorpecimiento de ninguna causa judicial.
Para garantizar el control de la información obtenida, el juez Pedraz ha recordado la creación de una pieza separada económica. Este procedimiento tiene como finalidad realizar un análisis previo y un expurgo de los datos bancarios, de modo que solo se incorpore a la causa principal la información estrictamente relevante para la investigación, evitando así la difusión de datos personales o financieros que no guarden relación con el objeto del proceso.
El tribunal deberá ahora resolver el recurso de apelación de Zarrías, mientras la UCO prosigue con las diligencias para desgranar el entramado económico que, según los indicios manejados por el juzgado, operaría desde el año 2021 ampliando progresivamente su radio de actuación hacia delitos contra la Administración de Justicia.
