La Policía Nacional y la Guardia Civil han intensificado las investigaciones sobre el uso de decenas de inmuebles en Ceuta destinados al alojamiento irregular de inmigrantes. Según fuentes próximas a las pesquisas, estas viviendas, conocidas como «pisos patera», estarían siendo arrendadas por elevadas cuantías económicas a personas que accedieron a la ciudad autónoma durante las entradas masivas registradas los pasados 30 y 31 de julio.
Las unidades de información de ambos cuerpos centran sus esfuerzos en identificar estos espacios donde se ofrece cobijo a cambio de cuotas que, en diversos casos, superan los 1.000 euros mensuales. Las inspecciones realizadas hasta la fecha han revelado condiciones de habitabilidad precarias, con personas hacinadas en habitaciones sin ventilación, garajes, portales e incluso obras en construcción, con precios que rondan los 900 euros incluso para espacios no habitables.
Esta red de alojamientos clandestinos ha generado una disparidad significativa en las cifras oficiales de población migrante en la ciudad. Mientras que el Gobierno central mantiene que en Ceuta permanecen poco más de 3.500 personas tras los retornos voluntarios, las estimaciones de las fuerzas de seguridad elevan la cifra hasta los 15.000 individuos. Este cálculo incluye a menores y adultos distribuidos tanto en recursos oficiales como en asentamientos improvisados y viviendas privadas ocultas.
La administración local ha tomado medidas ante el uso fraudulento de inmuebles de titularidad pública. El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Alejandro Ramírez, ha confirmado la puesta en marcha de siete actuaciones administrativas tras denuncias vecinales por el uso ilegal de viviendas protegidas para alojar a inmigrantes. De confirmarse los hechos, la normativa prevé la rescisión de los contratos o la imposición de sanciones severas a los adjudicatarios.
En el ámbito judicial, la Policía Nacional ha procedido recientemente a varias detenciones relacionadas con delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. Entre los casos más destacados se encuentra el arresto de un joven por arrendar la vivienda de un familiar a siete inmigrantes por un total de 3.000 euros, así como la desarticulación de una organización por parte de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (Ucrif) que utilizaba apartamentos hoteleros como base logística previa al traslado a la Península.
Los investigadores advierten de la complejidad técnica que entrañan estos procedimientos, ya que para que exista ilícito penal debe probarse el cobro de una cuota por el alojamiento. La falta de colaboración de las víctimas, motivada por su situación de irregularidad, dificulta la obtención de pruebas. Actualmente, el foco policial se sitúa en barriadas periféricas como El Príncipe, Erquicia o La Reina, donde se sospecha que se concentra el mayor número de estos inmuebles fuera del control administrativo.
