El Gobierno de coalición afronta una semana determinante en el Congreso de los Diputados ante la convalidación de dos reales decretos ley en materia de vivienda. A escasos días de la votación, prevista para este viernes, socios parlamentarios clave como Junts, PNV y Podemos mantienen en vilo el respaldo a unas medidas que buscan regular el mercado del alquiler y ampliar la protección frente a los desahucios hasta el año 2030.
La posición de Junts per Catalunya se perfila actualmente como el principal obstáculo para el Ejecutivo. La portavoz del grupo, Míriam Nogueras, ha manifestado la decepción de su formación tras analizar los textos aprobados en el Consejo de Ministros, alegando que las medidas no garantizan la protección efectiva de las familias ni impiden de forma fehaciente la actuación de los fondos de inversión. Asimismo, desde el grupo posconvergente advierten de que el articulado actual podría generar desprotección jurídica a los pequeños propietarios.
La estrategia del Gobierno ha consistido en la división de las medidas en dos normas diferenciadas. El primer decreto contempla la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, además de la prórroga de dos años para los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre. El segundo texto, que responde a las exigencias de Sumar y de diversos movimientos sociales, establece la renovación automática de los contratos de alquiler y obliga a los arrendadores a indemnizar con doce mensualidades al inquilino en caso de no proceder a la prórroga.
En el seno del grupo socialista la inquietud es manifiesta ante la posibilidad de que alguna de estas normas decaiga. Fuentes parlamentarias del PSOE consultadas señalan que un rechazo de los socios habituales supondría un golpe de gravedad a la estabilidad de la legislatura, especialmente tras el retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Algunos diputados sugieren que, de producirse un bloqueo, el escenario de un adelanto electoral ganaría peso para obligar a los grupos a retratarse ante una demanda social que consideran prioritaria.
Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Podemos mantienen su hermetismo respecto al sentido del voto. La diputada jeltzale Maribel Vaquero reprochó recientemente al Ministerio de Vivienda el uso del decreto ley como herramienta legislativa recurrente. Mientras tanto, el sector del PSOE más optimista confía en que la presión social, visibilizada en las recientes movilizaciones y acampadas en ciudades como Madrid, termine por forzar el apoyo de los socios de investidura.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido públicamente que no dispone aún de las garantías necesarias para asegurar la convalidación. No obstante, el jefe del Ejecutivo ha defendido la idoneidad de los decretos como instrumentos necesarios para resolver el problema habitacional, evitando pronunciarse sobre las consecuencias políticas de una eventual derrota parlamentaria este viernes en la Cámara Baja.
