El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha comparecido este miércoles ante la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, para prestar declaración en calidad de testigo sobre la entrada masiva de personas ocurrida a finales de julio. Durante su intervención, Vivas se comprometió a entregar un dosier que documenta todos los intentos de comunicación realizados con el Gobierno central, ante lo que calificó como una «invasión» y un riesgo para la integridad del Estado.
Vivas relató ante la juez que intentó contactar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en al menos diez ocasiones entre los días 27 y 29 de julio. Según su testimonio, solo obtuvo respuesta en tres ocasiones a través del jefe de gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, y no logró conversar directamente con Sánchez hasta las 18:00 horas del día 30, cuando el asalto ya se había producido. El informe que aportará la administración ceutí incluye también las transcripciones de las ruedas de prensa y las deliberaciones de la Junta de Portavoces de la Asamblea local.
Frente a estas afirmaciones, el Ejecutivo central ha negado la versión del dirigente autonómico, sosteniendo que solo existe registro de una solicitud de llamada el mismo día 30 de julio. Desde Moncloa se asegura que la comunicación fue «constante» y que se llevaron a cabo reuniones de seguimiento entre los departamentos ministeriales, la ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno. El presidente Sánchez subrayó que ninguna institución previó la magnitud de la entrada masiva que finalmente se registró.
En sede judicial, Vivas describió la coordinación entre administraciones como «unidireccional» e insuficiente. El presidente regional señaló que solicitó al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, el incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la declaración de emergencia nacional y el establecimiento de un mando único. No obstante, según su declaración, las medidas de protección adicionales solicitadas a la Secretaría de Estado de Seguridad fueron denegadas por el Ministerio del Interior.
El presidente de Ceuta aportó datos sobre el impacto de la crisis, indicando que el número de menores acogidos en la ciudad se incrementó en un 800 %, pasando de 130 a más de 800 en pocos días. Asimismo, reiteró que la amenaza fue minimizada por los ministros de Defensa, Interior, Exteriores y Política Territorial, quienes habrían enmarcado los hechos exclusivamente en una «crisis humanitaria». Vivas manifestó que considera al Reino de Marruecos una «amenaza directa» y declinó mantener interlocución con sus autoridades.
La investigación en la Audiencia Nacional busca determinar si los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio constituyen un delito contra la paz e independencia del Estado. Tras la comparecencia de Vivas, el tribunal tiene previsto escuchar los testimonios del jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega, y del exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz. Las acusaciones esperan que estas declaraciones, junto al dosier documental, permitan esclarecer las responsabilidades en la gestión de la crisis fronteriza.
