El Ministerio de Defensa diseñó en el año 2017 un plan estratégico integral con el objetivo de asegurar el control del relato informativo y la legitimidad institucional ante un eventual despliegue militar en Cataluña. El documento, denominado Plan de Operaciones (OPLAN) 00093 «Reforzar Confianza», situaba la obtención de la «superioridad en el entorno de la información» como un factor decisivo para el éxito de las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas durante la crisis secesionista.
El OPLAN, elaborado por el Mando de Operaciones bajo la dirección del entonces Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), establecía una hoja de ruta detallada para intervenir en un escenario de «tensión creciente e inestabilidad». El texto subraya que la estrategia no solo debía fundamentarse en la legalidad de las actuaciones del Estado, sino en la «lucha por la legitimidad» de las mismas. Para ello, se preveía el uso coordinado del ciberespacio y el espectro electromagnético con el fin de afianzar la confianza ciudadana en las instituciones.
La planificación militar clasificaba a la población en cuatro categorías de audiencia para dirigir acciones de influencia específicas. La «audiencia hostil», vinculada al secesionismo, se consideraba difícil de persuadir a corto plazo, aunque el plan sugería que posibles divergencias internas podrían fracturar su cohesión. Sobre la «audiencia neutral», el documento advertía del riesgo de que acciones percibidas como «desproporcionadas» pudieran desplazar su apoyo hacia las tesis independentistas, mientras que para la «audiencia propia» se buscaba reforzar su respaldo a la legalidad vigente.
En el ámbito internacional, el plan estratégico determinaba que el apoyo de gobiernos y organizaciones extranjeras se mantendría firme mientras no se percibiera un «ataque a los derechos civiles». Por esta razón, el Ministerio de Defensa consideraba imperativo neutralizar la «narrativa victimista» de los que el documento denomina «actores opositores», evitando que cualquier actuación militar, por trivial que fuera, pudiera ser instrumentalizada como una herramienta de propaganda contra el Estado.
Respecto a los métodos operativos en materia de comunicación, el OPLAN prohibía expresamente el recurso a la desinformación. No obstante, el mando autorizaba, bajo supervisión directa, la realización de «operaciones psicológicas» dirigidas a audiencias hostiles y neutrales, incluyendo a los Mossos d’Esquadra. Asimismo, se estipulaba que todas las actividades de las unidades militares debían ser grabadas sistemáticamente para permitir la explotación de imágenes que ratificaran la legalidad y proporcionalidad de las intervenciones.
Finalmente, el documento preveía el desarrollo de un argumentario específico para el momento inicial del despliegue, considerado el punto de mayor sensibilidad pública. Esta estrategia de influencia incluía la colaboración con medios de comunicación de alcance nacional para comunicar con eficacia las razones de la presencia militar en las calles y los objetivos de seguridad buscados por el Gobierno y el Parlamento en el marco del ordenamiento constitucional.
