La Policía Nacional supedita el desalojo de la Puerta del Sol a una resolución judicial o administrativa
La Policía Nacional no contempla una intervención inminente para desalojar la acampada multitudinaria en la Puerta del Sol de Madrid, a la espera de que se dicte una resolución judicial o administrativa que obligue a la Delegación del Gobierno a activar a las fuerzas de seguridad. Según fuentes policiales, las Unidades de Intervención Policial (UIP) no pueden actuar por iniciativa propia mientras no exista un riesgo grave para el orden y la seguridad pública, o bien un mandato legal expreso que ampare la operación.
Desde la cúpula policial se advierte que una intervención en este momento, dada la afluencia de personas y el carácter pacífico de la protesta, podría resultar contraproducente. Los mandos operativos señalan que, si bien se podría haber actuado bajo la Ley de Seguridad Ciudadana en el momento en que se instalaron las primeras tiendas tras la manifestación por la vivienda, la ausencia de órdenes por parte del delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha modificado el escenario jurídico. Actualmente, se considera que el desalojo sin respaldo legal podría entrar en conflicto con derechos fundamentales como el de manifestación e intimidad.
Ante esta situación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha activado la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo. La Abogacía General de la Comunidad solicita medidas cautelarísimas para forzar a la Delegación del Gobierno a actuar, alegando una «ocupación ilegal del espacio público». La administración autonómica fundamenta su petición en la obligación de proteger bienes e instituciones, además de atender las denuncias de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Preciados y Sol, quienes alertan sobre el impacto económico negativo en la zona.
En el plano de la seguridad ciudadana, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado una evaluación inmediata de riesgos tras la documentación remitida por el Ayuntamiento de Madrid, en la que se informa de la presencia de objetos peligrosos como cuchillos y adoquines en el campamento. Aunque integrantes de la acampada han manifestado en redes sociales que dichos objetos tienen funciones domésticas o de contrapeso para las carpas, la organización policial insiste en que su presencia constituye un riesgo potencial que debe ser neutralizado para garantizar la integridad de ciudadanos y agentes.
Respecto al marco competencial para la ejecución de un posible desalojo, la normativa establece que la Policía Nacional posee la competencia exclusiva en el mantenimiento y restablecimiento del orden público. Si bien la Policía Municipal puede colaborar en tareas de vigilancia y cumplimiento de ordenanzas administrativas, carece de la capacidad operativa para gestionar de forma aislada una concentración de estas dimensiones, lo que obligaría a una actuación coordinada de ambos cuerpos bajo mando estatal.
El desenlace de la concentración en el kilómetro cero se vincula directamente a la actividad parlamentaria de este viernes. El Sindicato de Inquilinas ha supeditado la continuidad de la acampada a la convalidación de dos decretos sobre vivienda y alquiler en el Congreso de los Diputados. Ante la previsión de que la protesta pueda desplazarse a las inmediaciones de la Cámara Baja, el Ministerio del Interior ha dispuesto un dispositivo de seguridad de 500 agentes antidisturbios para blindar el perímetro de la sede legislativa.
