La Policía Nacional inicia el desalojo de la playa de El Trampolín en Ceuta ante el empeoramiento del clima
La Policía Nacional comenzó el pasado domingo el operativo de desalojo del asentamiento provisional en la playa de El Trampolín, en Ceuta. Esta medida responde a la necesidad de gestionar el traslado de miles de personas que pernoctan en el litoral ante la inminente llegada del otoño y el descenso de las temperaturas. El objetivo principal de las autoridades es evitar un desplazamiento descontrolado hacia el núcleo urbano de la ciudad autónoma ante el endurecimiento de las condiciones meteorológicas en la costa.
Fuentes policiales han señalado que la decisión técnica se fundamenta en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anticipa episodios de lluvia, tormentas y una bajada considerable de los termómetros en las próximas semanas. A estos factores se suma el fenómeno de las «mareas vivas» previsto para este mes de octubre, el cual reducirá significativamente la superficie de arena disponible, haciendo inviable la permanencia de los campamentos improvisados y las estructuras ligeras instaladas en la zona.
El operativo busca canalizar los movimientos de los inmigrantes hacia zonas interiores no habitadas o hacia los recursos de acogida disponibles, con el fin de prevenir la formación de nuevos asentamientos dispersos en barrios y espacios públicos del casco antiguo. Según los protocolos establecidos, las personas trasladadas desde la playa serán sometidas a un proceso de triaje en centros de atención temporal, donde se evaluará su situación y se ofrecerá la posibilidad de retorno voluntario a Marruecos en caso de que sus peticiones de asilo hayan sido rechazadas.
La intervención se produce en un contexto de presión asistencial, mientras se espera la habilitación definitiva de los recursos de acogida prometidos por el Gobierno central hace más de un mes. Las autoridades policiales advierten que, ante la falta de alternativas habitacionales estables, existe el riesgo de que el control de la población migrante se dificulte si se dispersan de forma autónoma por la geografía ceutí para protegerse de las inclemencias del tiempo.
Paralelamente, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen abiertas investigaciones sobre el uso de inmuebles privados que estarían siendo alquilados de forma irregular. Estas viviendas, conocidas como «pisos patera», estarían albergando a personas procedentes de las entradas masivas de los meses de julio y agosto a cambio de cuotas que, en ocasiones, superan los 1.000 euros mensuales. Estas investigaciones se centran en identificar a los propietarios que lucran con esta situación de vulnerabilidad.
Finalmente, existe una disparidad significativa en las cifras oficiales de población migrante en la ciudad. Mientras que los datos del Gobierno sitúan en aproximadamente 3.500 las personas que permanecen en Ceuta tras los retornos voluntarios, estimaciones de fuentes policiales elevan la cifra hasta los 15.000 individuos. Este cómputo incluye a menores de edad y a aquellas personas que se encuentran fuera de los circuitos oficiales de acogida, ya sea en asentamientos del litoral o en inmuebles del interior urbano.
