El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) diseñó en octubre de 2017 el Plan Operativo (OPLAN) denominado «Reforzar Confianza», un documento de inteligencia que situaba en niveles máximos las amenazas de espionaje y subversión en el marco del proceso independentista en Cataluña. El informe, elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), analizaba diversos escenarios de riesgo y establecía protocolos de actuación y reglas de enfrentamiento para las unidades militares en aquel contexto.
Según el documento, la inteligencia militar consideraba como riesgo «muy alto» la posibilidad de actos de espionaje procedentes de estructuras de la Generalitat de Cataluña. El análisis señalaba específicamente al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) como el embrión de una futura agencia de inteligencia nacional. Los analistas proyectaban que este organismo contaba con capacidad para la interceptación de telecomunicaciones y la obtención de información sobre el personal y las unidades del Ministerio de Defensa ubicadas en territorio catalán.
El informe otorgaba la misma calificación de riesgo «muy alto» a la subversión, vinculándola directamente a la capacidad de movilización de entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural. Los analistas militares consideraban muy probable la organización de manifestaciones masivas destinadas a defender la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Por su parte, la amenaza de sabotaje se calificaba como «alta», previendo posibles bloqueos de infraestructuras críticas, puertos, aeropuertos y suministros a instalaciones estatales por parte de sectores radicales.
En el apartado dedicado al terrorismo, el OPLAN distinguía entre el ámbito yihadista, calificado como «alto» tras los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, y el de carácter independentista, situado inicialmente en un nivel «medio». No obstante, el análisis advertía sobre la existencia de estructuras clandestinas y jerarquizadas en el entorno de la izquierda radical que habrían recibido instrucción en tácticas de guerrilla urbana, aunque se estimaba que el uso de la violencia armada sería un recurso de último extremo en caso de ruptura del frente soberanista.
El plan operativo definía estrictamente las reglas de enfrentamiento y las condiciones para el uso de la fuerza. El marco general establecía que cualquier actuación militar debía ajustarse a la legislación vigente, los derechos humanos y los principios de proporcionalidad y mínima necesidad. Sin embargo, el documento autorizaba el uso de fuerza letal en supuestos específicos y siempre bajo la autorización previa del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), citando ejemplos como la legítima defensa, la liberación de personal retenido o la protección de la libertad de movimiento de las fuerzas de seguridad.
La coordinación de este planeamiento recayó en altos mandos que hoy ocupan puestos de relevancia en la estructura de Defensa, como el actual director del CIFAS, el teniente general Antonio Romero Losada, y el director general de Política de Defensa, el teniente general Teodoro López del Pozo. Coincidiendo con la finalización de estas operaciones, se ha reportado que la base de datos de contrainteligencia relativa a Cataluña, denominada «Operación GATO», fue extraída de los sistemas digitales del EMAD y almacenada en un soporte físico externo cuyo paradero actual no consta en los registros oficiales.
