La Fundación Hay Derecho advierte de un deterioro sostenido del estado de derecho en España
La Fundación Hay Derecho ha presentado su «Informe del Estado de derecho 2026», en el que constata una degradación constante de las instituciones democráticas en España durante el periodo comprendido entre 2024 y 2026. Aunque el estudio sitúa al país dentro del marco de las democracias consolidadas, advierte de una tendencia negativa en la confianza pública y en la salud institucional, marcada por la polarización política y el desgaste de los contrapesos del Estado.
El documento, dirigido por Elisa de la Nuez y Germán M. Teruel, destaca que la satisfacción de los ciudadanos españoles con su sistema democrático se sitúa en el 51%, según datos del Eurobarómetro. Esta cifra se encuentra tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea y refleja un alejamiento de las democracias con mayores niveles de estabilidad institucional, aproximando a España a entornos con mayores índices de confrontación política.
Uno de los apartados más críticos del informe se centra en la situación del Poder Judicial. Los magistrados españoles otorgan una puntuación de 3,4 sobre 10 a la independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la valoración más baja entre todos los consejos de justicia analizados en Europa. Asimismo, el estudio revela que solo el 20% de los jueces considera que el órgano de gobierno de los jueces dispone de mecanismos suficientes para proteger su independencia, mientras que el 30% percibe que el Ejecutivo respeta su autonomía funcional.
Respecto al Ministerio Fiscal, el informe analiza la propuesta de otorgar a los fiscales la dirección de las instrucciones judiciales. La fundación advierte que este cambio de modelo requiere un refuerzo previo de las garantías de autonomía y transparencia para evitar que la estructura jerárquica de la institución pueda facilitar interferencias políticas, especialmente tras hitos como la inhabilitación del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En el ámbito legislativo, la tercera edición de este estudio monitoriza lo que califica como un uso abusivo del decreto-ley por parte del Gobierno. Además, señala la parálisis presupuestaria de los últimos tres años y la falta de renovación de magistrados en el Tribunal Constitucional, donde se observa un incremento de las decisiones divididas por bloques ideológicos, afectando a cuatro de cada diez sentencias del Pleno.
El informe incorpora por primera vez un análisis sobre la libertad de prensa, alertando sobre un deterioro intensificado entre 2024 y 2026. Entre los hitos señalados figura la reforma de RTVE mediante decreto-ley en octubre de 2024, que eliminó el concurso público y redujo las mayorías necesarias para la elección de su Consejo de Administración. Del mismo modo, se denuncian presiones a periodistas y el riesgo que supone la reforma del Reglamento del Congreso sobre acreditaciones de prensa, al introducir conceptos ambiguos que podrían derivar en un control discrecional de la información parlamentaria.


