El dispositivo de seguridad culmina el desalojo de los asentamientos migratorios en las playas de Ceuta

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con las Fuerzas Armadas, han completado en las últimas 48 horas el desalojo total de los asentamientos migratorios ubicados en las zonas de El Trampolín y la costa de Benítez, en Ceuta. El operativo, que se desarrolló entre el pasado domingo y el lunes, ha logrado despejar unas áreas que llegaron a albergar a miles de personas tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. Según los datos oficiales, la intervención se ha saldado con el retorno voluntario a Marruecos de aproximadamente 1.200 personas.

El dispositivo ha contado con la participación de cerca de 300 agentes pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad Central de Intervención (UCI). A diferencia de intentos anteriores que resultaron fallidos, esta actuación se ha resuelto sin contratiempos significativos. La celeridad de la maniobra coincide temporalmente con dos hitos institucionales de relevancia: el reciente anuncio del adelanto electoral para el 29 de noviembre y la próxima visita de los Reyes a la ciudad autónoma, programada para los días 13 y 14 de octubre.

La gestión de esta crisis migratoria experimentó un cambio de mando a finales de agosto, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, designó al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente de un mando único. No obstante, fuentes policiales consultadas señalan que la proximidad de la visita del Jefe del Estado ha sido un factor determinante en la aceleración de los trabajos de limpieza y despeje de las playas, que en apenas dos días han supuesto la retirada de más de 221.000 kilos de residuos mediante el uso de maquinaria pesada.

En cuanto al procedimiento administrativo, los inmigrantes fueron agrupados y trasladados en autobuses hasta un punto cercano a la frontera con Marruecos. Allí se les notificó su situación legal, ofreciéndoles la posibilidad de acogerse al retorno voluntario o iniciar la tramitación de una solicitud de asilo, lo que conlleva la apertura de un expediente de expulsión en caso de denegación. Fuentes jurídicas han expresado reservas sobre las garantías de este proceso, advirtiendo que los peticionarios mantienen el derecho a recurrir judicialmente las resoluciones de la Comisión de Asilo.

A pesar de la desarticulación de los núcleos principales en la costa, sindicatos policiales como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierten de que la situación crítica en la ciudad persiste. Los informes policiales indican que, si bien el retorno voluntario ha aliviado la presión en las playas, numerosos grupos de migrantes se han desplazado hacia zonas del monte, barriadas periféricas o viviendas particulares para evitar ser identificados. Las autoridades investigan actualmente la existencia de aproximadamente un centenar de inmuebles utilizados como pisos patera.

En la actualidad, la playa de El Guano permanece como el único punto con presencia de acampadas, a la espera de que sus ocupantes sean trasladados a los centros de acogida habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el Ejecutivo se estima que, desde finales del mes de agosto, un total de 9.000 personas han regresado de forma voluntaria al país vecino, reduciendo así la ocupación de las plazas de acogida previstas inicialmente.