UGT y CCOO registran 569 millones en ayudas públicas entre 2018 y 2025 ante la convocatoria de huelga general
Las organizaciones territoriales, federaciones y fundaciones vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO han recibido un total de 569 millones de euros en ayudas públicas durante el periodo comprendido entre 2018 y 2025. Este volumen de financiación, que integra fondos procedentes de todas las administraciones públicas, coincide con la preparación de una huelga general de 24 horas convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre, apenas dos días antes del inicio de la campaña electoral para los comicios generales del 29 de noviembre.
De acuerdo con el desglose de los datos registrados por el Ministerio de Hacienda sobre grandes beneficiarios, la Unión General de Trabajadores (UGT) y sus entidades asociadas han percibido 318,12 millones de euros en el periodo analizado. Por su parte, las siglas integradas en Comisiones Obreras (CCOO) sumaron 250,73 millones de euros, cantidad que incluye 2,81 millones de euros correspondientes a fundaciones como Pau i Solidaritat y Jesús Pereda.
La estructura de estas percepciones refleja que los ingresos no se limitan exclusivamente a las direcciones nacionales. Si se consideran únicamente las confederaciones estatales, el importe acumulado en los ocho ejercicios asciende a 132,59 millones de euros: 82,22 millones para UGT y 50,37 millones para CCOO. El resto del montante global se distribuye entre las diversas organizaciones territoriales y sectoriales que operan con sus propios Números de Identificación Fiscal (NIF).
El ejercicio 2025 se ha consolidado como el de mayor financiación registrada para ambas centrales, con un total de 93,50 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 22,8% respecto al año anterior y un 34,1% más que en 2018. Hacienda utiliza para estos cómputos el indicador de «ayuda equivalente», que valora diversos instrumentos de apoyo público y no constituye necesariamente una certificación de pagos efectivos, agrupando a beneficiarios que superan los 100.000 euros anuales.
La movilización sindical, la primera de carácter general y estatal por motivos socioeconómicos desde noviembre de 2012, centra sus reivindicaciones en el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios. A la convocatoria se han sumado otras organizaciones como CGT, co.bas y Solidaridad Obrera. En el ámbito territorial, sindicatos como ELA y LAB en el País Vasco y Navarra, y CIG en Galicia, también han anunciado paros, elevando la financiación total del conjunto de estas seis siglas a 588,02 millones de euros en el septenio analizado.
Las demandas de UGT y CCOO se dirigen tanto a las administraciones públicas con competencias en materia habitacional como a las organizaciones empresariales. El contexto económico de la protesta viene marcado por una crisis de vivienda que, según datos del Banco de España, registra incrementos constantes en los alquileres desde 2015, agravados por una inflación media del 8,4% en 2022 y un aumento progresivo de las cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Además de las subvenciones directas y ayudas registradas, las organizaciones sindicales mantienen el uso del patrimonio sindical acumulado. Este sistema consiste en la cesión gratuita de inmuebles de titularidad estatal para el funcionamiento de sindicatos y patronales, una fórmula que otorga el derecho de uso pero no la propiedad de los edificios, y cuyo valor patrimonial es independiente de las subvenciones públicas analizadas en los listados de Hacienda.
