El Ejecutivo peruano anuncia la creación de un comando unificado para combatir la inseguridad ciudadana
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, oficializó este miércoles la implementación de un «comando unificado» que integrará las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP). La iniciativa busca establecer un centro estratégico de control y operaciones destinado a coordinar las acciones tácticas contra el crimen organizado y la delincuencia común en todo el territorio nacional.
Durante una ceremonia protocolar en el Cuartel General del Ejército, ubicado en Lima, la mandataria detalló que este nuevo organismo permitirá una respuesta sincronizada frente a las amenazas de seguridad. Fujimori subrayó que la medida responde a una demanda urgente de la ciudadanía, la cual, según sus declaraciones, ha enfrentado décadas de resultados insuficientes en la lucha contra la criminalidad.
En el marco de este anuncio, el Gobierno adelantó la ejecución de medidas complementarias, entre las que destaca la expulsión acelerada de ciudadanos extranjeros que incurran en actos delictivos. Asimismo, la jefa de Estado informó que se retomará el control total de los centros penitenciarios, con especial énfasis en la incomunicación de internos que persistan en dirigir actividades criminales desde las prisiones.
La presidenta peruana hizo un llamado a la comunidad internacional para establecer mecanismos de cooperación que permitan compartir tecnología, recursos e inteligencia. «La defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera», afirmó la mandataria, enfatizando que la problemática de la inseguridad debe abordarse más allá de las diferencias ideológicas o los colores políticos de los distintos sectores del país.
Respecto al desempeño de las fuerzas del orden, Fujimori garantizó el respaldo institucional a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones. No obstante, precisó que se mantendrá una exigencia permanente de profesionalismo y disciplina, asegurando que todas las operaciones deberán enmarcarse estrictamente en el respeto a la democracia, la legalidad y los derechos humanos.
Finalmente, la jefa de Estado justificó la firmeza de estas acciones al señalar que la población se encuentra en una situación crítica debido a fenómenos como la extorsión y la violencia armada. Según su diagnóstico, el descontento social acumulado en los últimos 26 años obliga al Estado a actuar con eficacia para recuperar la tranquilidad pública y el orden interno.
