Sindicatos policiales alertan de una falta de coordinación operativa en los dispositivos de seguridad ciudadana
Las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han manifestado su preocupación ante lo que consideran una ausencia de directrices claras y órdenes de servicio por parte de diversas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Según denuncian organizaciones sindicales como Jupol, esta situación está dificultando la planificación de los operativos de orden público en un contexto de creciente conflictividad social, especialmente en ciudades como Madrid, Sevilla y Valencia.
El núcleo de la queja reside en la falta de comunicación oficial previa a las convocatorias de protesta. Mandos intermedios y agentes de las unidades antidisturbios señalan que, en diversas ocasiones durante la última semana, han debido obtener información a través de redes sociales para anticipar movimientos de masas, ante la falta de instrucciones operativas por parte de la administración civil. Esta coyuntura, advierten, compromete la capacidad de respuesta y la seguridad tanto de los funcionarios como de los ciudadanos.
Impacto de las protestas por la vivienda y el escenario electoral
La tensión se ha incrementado tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la ciudadana de 87 años desahuciada en Madrid, cuya figura se ha convertido en eje de las movilizaciones por el precio del alquiler. A este escenario se suma la reciente convocatoria electoral y la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, factores que, a juicio de los representantes policiales, exigen una coordinación institucional más estrecha que la que se está produciendo en la actualidad.
Desde los sindicatos mayoritarios se califica la gestión de la Delegación del Gobierno en Madrid como una posible «dejación de funciones». Fuentes de las unidades operativas recalcan que la falta de información con antelación suficiente —en ocasiones recibida con apenas dos horas de margen— imposibilita la activación de refuerzos o el diseño de despliegues preventivos eficaces frente a concentraciones que han llegado a reunir a miles de personas en puntos neurálgicos de la capital.
Resolución judicial y presencia de grupos radicales
Paralelamente, la situación en la Puerta del Sol de Madrid continúa bajo vigilancia policial. Informes de inteligencia señalan que la acampada original ha derivado en una concentración de diversos colectivos de ideología radical, ajenos a la problemática inicial de la vivienda. Pese a la solicitud del Gobierno regional para el desalojo de la zona, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelares, al no apreciar una inactividad administrativa por parte de la Delegación del Gobierno que justifique una intervención judicial inmediata.
Los magistrados han fundamentado su decisión en el criterio de la administración estatal, que sostiene que un desalojo forzoso podría generar incidentes de mayor gravedad para la seguridad pública que el mantenimiento de la acampada en sus términos actuales. No obstante, la Dirección General de la Policía mantiene el protocolo de actuación supeditado a que se produzca un riesgo inminente o se dicte una resolución judicial definitiva.
Disparidad de criterios en el seno de la Policía
A pesar de las críticas sindicales, otras fuentes internas de la Policía Nacional matizan que no se ha detectado una anomalía sistemática en el proceder de las autoridades civiles. Argumentan que, en muchos casos, la ausencia de comunicación se debe a que las protestas no son notificadas oficialmente por sus organizadores, lo que impide a la Delegación del Gobierno trasladar instrucciones regladas de antemano.
Por su parte, los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales se encuentran analizando si las omisiones denunciadas en la cadena de mando podrían ser constitutivas de responsabilidad jurídica. Mientras tanto, el Ministerio del Interior y las delegaciones territoriales mantienen el silencio administrativo respecto a las quejas formales presentadas por los agentes de las unidades de control de masas.
