Florida programa la ejecución de James Robertson en medio de un repunte de la pena capital en el estado

Las autoridades penitenciarias de Florida tienen previsto ejecutar este martes a James Robertson, un recluso de 62 años que confesó haber asesinado a su compañero de celda con el propósito deliberado de recibir la pena máxima. El procedimiento, programado para las 12:00 hora local (16:00 GMT) en la Prisión Estatal de Raiford, marcará la decimoséptima ejecución en el estado en lo que va del año, consolidando una tendencia al alza en la aplicación de la pena de muerte en la jurisdicción.

Robertson fue condenado por el estrangulamiento de Frank Hart en 2008, un hecho ocurrido mientras ambos cumplían condena en un centro penitenciario del suroeste de Florida. Según los registros del Tribunal Supremo de Florida, el recluso, quien ya contaba con antecedentes por robo, agresión sexual y ataques violentos, admitió que el móvil del crimen fue asegurar su traslado al corredor de la muerte. La ejecución se llevará a cabo mediante inyección letal, siguiendo el protocolo estándar del estado.

La jornada originalmente contemplaba una doble ejecución; sin embargo, el gobernador Ron DeSantis suspendió temporalmente la orden contra William Lee Thompson, de 74 años, debido a que su defensa acreditó que padece demencia. Pese a este aplazamiento, las estadísticas del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) señalan que Florida lidera la actividad en esta materia a nivel nacional. Hasta la fecha, el estado ha realizado 16 ejecuciones este año, una cifra superior a la suma de los otros cinco estados que mantienen activa la práctica.

El contexto de esta ejecución está marcado por la reciente controversia en Tennessee, donde el pasado 30 de septiembre fracasó el intento de ejecución de Christa Pike. Pike, la única mujer condenada a muerte en ese estado en los últimos dos siglos, sobrevivió a la inyección letal en un hecho calificado como «sin precedentes en la era moderna» por el DPIC. Mientras el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones restantes del año, el gobernador DeSantis firmó la orden de Robertson apenas un día después del incidente fallido.

La política estatal ha generado una reacción organizada de sectores religiosos. Este martes, decenas de líderes evangélicos latinos se reunirán en Tallahassee para entregar una carta firmada por más de 70 obispos y pastores al gobernador. La organización Mission Talk, encabezada por Agustín Quiles, ha denunciado que Florida se está convirtiendo en el epicentro de las ejecuciones en Estados Unidos, contrastando con la tendencia de otros estados que han optado por moratorias o la abolición de la pena capital.

Con dos ejecuciones adicionales programadas para el 20 de octubre y el 5 de noviembre, Florida se encamina a igualar su récord histórico moderno de 19 ejecuciones anuales. El caso de Robertson subraya la complejidad de los perfiles en el corredor de la muerte y reabre el debate sobre la eficacia y la ética de los protocolos de inyección letal en el sistema de justicia estadounidense.