El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos ha presentado el informe «La vivienda en España: diagnóstico y propuesta de un nuevo sistema residencial a veinte años», en el que advierte sobre la necesidad urgente de un pacto de Estado para revertir el déficit estructural del sector. Según el documento, el desfase entre la oferta y la demanda ha generado una carencia acumulada de 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, situando el acceso a la residencia como uno de los principales obstáculos para la cohesión social y el crecimiento económico del país.
Fernando Jesús Santiago Oller, presidente de la institución, señaló durante la presentación que la crisis actual es el resultado de décadas de reformas legislativas fallidas. El informe destaca que el esfuerzo medio para adquirir un inmueble se ha elevado a 7,7 años de salario bruto, la cifra más alta registrada desde 2011. Esta situación ha impactado directamente en la juventud, cuya tasa de emancipación apenas alcanza el 14,5%, retrasando la independencia económica de los ciudadanos hasta superar los 30 años de media.
Los datos aportados por los gestores administrativos reflejan una asimetría creciente en el mercado. En la actualidad, el ritmo de creación de nuevos hogares supera los 245.000 anuales, mientras que la producción de vivienda terminada apenas rozó los 92.000 inmuebles en 2025. A esta escasez de oferta se suma un parque público de vivienda que solo representa el 1,5% del total residencial, una cifra que el organismo califica de residual en comparación con los estándares de la Unión Europea.
Para abordar esta problemática, el Consejo ha diseñado una hoja de ruta que incluye 30 líneas de actuación transversales destinadas a despolitizar el sector. Entre las medidas prioritarias destaca la implementación de un Programa Nacional de Producción Residencial centrado en las seis provincias con mayor presión demográfica: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. El plan propone la movilización inmediata del patrimonio público de suelo y una simplificación administrativa que reduzca los plazos de desarrollo urbanístico, los cuales superan actualmente los ocho años de media.
En el ámbito legislativo, los gestores instan a desbloquear la reforma de la Ley del Suelo, actualmente estancada en el Congreso de los Diputados por falta de consenso político. La propuesta subraya que es imperativo fomentar la seguridad jurídica para reactivar el mercado del alquiler, el cual se ha visto retraído tras la aprobación de los decretos antidesahucios y la Ley de Vivienda. El informe aboga por la creación de un sistema estatal de garantías e indemnizaciones frente al impago de rentas y la okupación para incentivar a los pequeños propietarios.
En materia fiscal, el documento propone rediseñar la carga impositiva en la compra y arrendamiento de la primera vivienda para jóvenes y familias de rentas medias. Los gestores administrativos insisten en que la protección de los colectivos vulnerables es una responsabilidad que debe recaer en el sector público y no en los propietarios privados. Para ello, sugieren potenciar la colaboración público-privada mediante concesiones administrativas y cesión de derechos de superficie que permitan edificar a precios asequibles.
El informe concluye que la vivienda ha dejado de ser una cuestión meramente inmobiliaria para convertirse en un condicionante estructural de la natalidad y la movilidad laboral. La hoja de ruta planteada establece objetivos diferenciados en el tiempo: medidas de choque para los primeros cien días de acción gubernamental, reformas legislativas a desarrollar durante una legislatura y un marco estratégico de planificación urbana con un horizonte de 20 años.
