El Tribunal Supremo rechaza los incidentes de nulidad de Ábalos y García y abre la vía al Tribunal Constitucional

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad los incidentes de nulidad de actuaciones presentados por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. Con esta decisión, el alto tribunal agota la vía de la jurisdicción ordinaria y permite que ambos condenados puedan interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la sentencia relativa a la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria.

El tribunal ha ratificado en sendos autos las penas impuestas de 24 años y tres meses de prisión para el exsecretario de Organización del PSOE y de 19 años y ocho meses para su antiguo colaborador. La resolución judicial confirma la responsabilidad de ambos en delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, vinculados a las comisiones percibidas en la gestión de material sanitario en plena pandemia.

Los magistrados han rechazado todas las alegaciones presentadas por las defensas, que argumentaban posibles vulneraciones de derechos fundamentales durante el proceso judicial. La Sala sostiene que no concurren las causas de nulidad invocadas, manteniendo la firmeza de los hechos probados en la sentencia previa que acreditó la existencia de una trama para la obtención de beneficios económicos ilícitos mediante contratos públicos.

Este paso procesal, aunque previsible en la práctica jurídica de la Sala de lo Penal, resultaba estrictamente necesario para que los recurrentes pudieran acudir a la corte de garantías. Una vez notificados los autos, los equipos legales de Ábalos y García disponen del plazo legal establecido para formalizar sus recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, última instancia de protección de derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico español.

La decisión del Supremo se produce en un contexto de máxima atención institucional sobre la gestión de los fondos públicos durante la emergencia sanitaria de 2020. El rechazo de los incidentes de nulidad cierra el debate en el Tribunal Supremo sobre el fondo de la condena, dejando ahora en manos del Constitucional la revisión de si se respetaron las garantías constitucionales de los procesados durante la instrucción y el enjuiciamiento de la causa.