El Gobierno vasco concede de nuevo el tercer grado al exjefe de ETA Olarra Guridi tras la revocación de la Audiencia Nacional
El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha aprobado la progresión al tercer grado penitenciario de José Antonio Olarra Guridi, quien fuera jefe del aparato militar de la organización terrorista ETA. Esta resolución se produce apenas tres meses después de que la Audiencia Nacional revocara una medida idéntica otorgada en mayo, al considerar en aquel momento que no se habían consolidado los factores necesarios para garantizar su reinserción individualizada.
La decisión actual se fundamenta en la propuesta unánime de la junta de tratamiento del centro penitenciario de Zubieta, en San Sebastián. Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el equipo técnico —compuesto por juristas, psicólogos y trabajadores sociales— ha constatado una evolución positiva en el interno. El informe destaca que el recluso ha realizado la reflexión personal exigida por la legalidad vigente, asumiendo los compromisos necesarios para su progresión de grado.
Con la aplicación del régimen de semilibertad, Olarra Guridi podrá realizar actividades laborales o formativas en el exterior durante la jornada diaria. Bajo este nuevo estatus, el interno pernoctará en el centro penitenciario de lunes a viernes, mientras que los fines de semana podrá permanecer en su domicilio habitual. El Gobierno vasco ha recordado que el tercer grado es una modalidad de cumplimiento de la pena que no extingue la condena, la cual sigue en vigor bajo supervisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Antecedentes penales y cambios en la política de comunicación
José Antonio Olarra Guridi cuenta con un historial delictivo que incluye condenas que suman más de 2.000 años de prisión. Entre sus acciones más relevantes se encuentra el atentado cometido en 1995 en el distrito madrileño de Vallecas contra una furgoneta de la Armada, que se saldó con seis víctimas mortales. Asimismo, fue condenado por ordenar el intento de asesinato del subsecretario de Política Científica, Juan Junquera, en el año 2001, un ataque que dejó 95 personas heridas.
Esta concesión coincide con una reestructuración en la política de comunicación del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del País Vasco. La administración autonómica anunció recientemente que dejará de informar de manera general a las asociaciones de víctimas sobre las progresiones de grado, limitando dicha comunicación a las víctimas directas de cada preso que así lo soliciten de forma individual.
No obstante, en un cambio de proceder respecto a casos anteriores, el Ejecutivo ha optado por hacer pública esta resolución específica mediante una nota de prensa oficial. Organizaciones de víctimas como Covite y la AVT han manifestado su disconformidad con los criterios aplicados, argumentando que estas medidas podrían dificultar el control y la transparencia sobre la política penitenciaria aplicada a los presos de la banda terrorista.
