La mayoría del Consejo Fiscal y el Foro Judicial Independiente respaldan a la juez Beatriz Biedma ante denuncias de hostigamiento

Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), que ostentan la mayoría en el Consejo Fiscal, han manifestado su apoyo institucional y solidaridad con la magistrada de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Esta declaración surge tras las informaciones que apuntan a presuntas actuaciones de presión e intimidación contra la juez en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

A través de un comunicado oficial, los representantes de la AF han subrayado que la independencia judicial representa un mandato constitucional y una garantía esencial para el Estado de derecho. Según el texto emitido, el conjunto de la ciudadanía posee el derecho fundamental a que los asuntos judiciales sean resueltos sin injerencias, presiones ni condicionamientos ajenos al estricto cumplimiento de la ley.

La muestra de respaldo se produce después de que la magistrada Biedma declarara en calidad de perjudicada, relatando episodios de seguimiento y angustia derivados de un presunto acoso por parte del exjuez Luis Sáenz de Tejada, quien se encuentra imputado en la causa. Los vocales han enfatizado que las informaciones sobre intimidación a miembros de la judicatura requieren una respuesta institucional firme, presidida por la serenidad y el respeto a las garantías democráticas.

El posicionamiento de los fiscales mayoritarios aborda asimismo la reciente división en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Mientras el bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces expresó su preocupación por el hostigamiento denunciado, el sector progresista optó por la abstención bajo el argumento de mantener la neutralidad en investigaciones en curso. Ante esto, la AF sostiene que la prudencia necesaria no debe confundirse con la indiferencia frente a hechos que podrían comprometer la administración de justicia.

En el mismo sentido, los vocales han aclarado que solidarizarse con una magistrada no implica anticipar conclusiones sobre la investigación ni atribuir responsabilidades penales de forma prematura. El comunicado insiste en que ningún juez debe desempeñar su labor bajo amenazas que pretendan condicionar sus resoluciones, señalando que la defensa de la independencia judicial es una responsabilidad permanente que no admite excepciones en función de la repercusión pública de los casos.

Por su parte, la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) se ha sumado a las muestras de apoyo, criticando lo que consideran una «pasividad» por parte de la presidencia del CGPJ y de su Pleno. La organización ha denunciado que no se ha brindado el amparo institucional necesario ante ataques que afectan a la esfera personal y familiar de la juez Biedma, vinculando este silencio con una falta de protección efectiva de la carrera judicial frente a descalificaciones políticas.

Como medida adicional, Foro Judicial Independiente ha anunciado que ofrecerá asistencia técnica a la magistrada y ha solicitado formalmente su personación en las actuaciones judiciales como acusación pública. Para la asociación, la gravedad de los hechos investigados hace «intolerable» la falta de un apoyo sin fisuras por parte de los organismos competentes, independientemente del resultado final de la instrucción.

Esta reacción coordinada de distintos sectores de la justicia resalta la tensión institucional en torno a los procesos judiciales de alta sensibilidad política y refuerza la demanda de mecanismos de protección que garanticen el ejercicio de la jurisdicción sin perturbaciones externas.